El robo de tapas de alcantarillas, la falta de denuncias y la nula regulación en la compra de chatarra facilitan que este delito siga poniendo en riesgo la vida de peatones y automovilistas.
Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México el robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos es una constante.
Sin embargo, uno de los obstáculos es que no se realizan denuncias formales ante la fiscalía mexiquense. Esta falta de registros legales permite que el ciclo continúe, dejando las calles desprotegidas.
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Estos objetos, que incluyen tapas de alcantarillas y registros metálicos de servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable y drenaje, terminan comercializándose en lugares donde se compra fierro y metal viejo.
El problema central que se suma al robo, es la nula regulación en la venta de estos materiales; al no existir un control que obligue a verificar la procedencia de lo que se recibe, se facilita que el mobiliario urbano termine fundido o revendido, mientras en las calles quedan huecos peligrosos que ponen en riesgo la salud y la seguridad de todos.
Aunque muchas personas lo desconozcan, sustraer tapas de alcantarilla, registros o cualquier objeto del servicio público es un delito grave con sanciones ya aprobadas por el Congreso del Estado de México.
Las consecuencias legales pueden alcanzar multas de hasta 100 mil pesos y hasta seis años de prisión en un centro penitenciario. A pesar de la severidad de la ley, el robo persiste en varias colonias del estado donde se observan registros abiertos sin denuncias previas.
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Según el testimonio de un trabajador de una fundidora, hay personas que llegan a vender las tapas de alcantarilla pidiendo apenas 300 pesos como máximo.
Generalmente, quienes realizan estos actos son personas con problemas de adicción que buscan dinero rápido para comprar sustancias. Lo alarmante es la desproporción económica, ya que esas mismas tapas tienen un valor real de reposición que oscila entre los 15 mil y 20 mil pesos.
Es urgente que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto. En municipios como Ixtapaluca ya se han registrado accidentes graves donde menores de edad caen en estas alcantarillas abiertas.
El robo de estos registros pone en riesgo a peatones, automovilistas y al medio ambiente, pues cuando no tienen tapa, las coladeras se llenan de basura y provocan inundaciones severas.
Quienes caminan por la zona sin conocer el peligro pueden sufrir lesiones permanentes o incluso poner su vida en riesgo al caer en estos puntos ciegos.
Las cifras en el Estado de México de años pasados son reveladoras, alcanzando registros de hasta mil 186 robos de rejillas de alcantarillas en municipios como Metepec y Toluca.
Esta situación no es exclusiva de la entidad, ya que se repite en otros estados del país. Por ejemplo, en La Paz se implementó una estrategia antirrobo para frenar el aumento de estos incidentes, mientras que en Mérida se logró la imputación de dos hombres por este delito.
La persistencia del problema en Edomex subraya la necesidad de fomentar la cultura de la denuncia y una vigilancia más estrecha en los puntos de venta de metal.
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