El huachicol de agua en Edomex, detectado por el Operativo Caudal, ha generado desabasto en municipios como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, afectando la salud y economía de la población.
Luego de los operativos realizados contra el huachicoleo de agua por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), varios municipios del estado se han visto afectados.
El operativo, llamado “Operativo Caudal”, busca frenar la extracción ilegal de agua que durante años abasteció a piperos y negocios de la zona oriente del Valle de México.
Esta red de huachicoleo abastecía a muchos negocios locales, razón por la cual la clausura de pozos ha generado un gran desabasto de agua y ha afectado a muchas personas.
Las autoridades han confirmado que varias pipas se abastecían de tomas clandestinas y pozos sin registro oficial, por lo que el cierre de estas tomas afectó directamente a los negocios locales.
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Entidades como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán se vieron severamente afectadas, ya que el desabasto de agua genera pérdidas económicas locales. La alta demanda ha incrementado el precio del agua embotellada y algunos negocios pequeños comenzaron a comprar el líquido a proveedores más lejanos, lo que encareció su operación.
Mucha gente carece de agua potable en sus hogares, lo que provoca problemas de salud, sobre todo en días de mucho calor.
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La Secretaría del Agua del Estado de México confirmó que el Operativo Caudal seguirá en marcha para desarticular las redes que se benefician de la extracción ilegal de agua.
Las autoridades hicieron un llamado a los dueños de purificadoras para que regularicen su suministro a través de los sistemas municipales, y recordaron que vender o distribuir agua fuera de los canales legales es un delito.
El Código Penal del Estado de México tipifica y sanciona la extracción ilegal de agua principalmente en el Capítulo VI, artículos 145 Ter, 145 Quáter y 145 Quinquies, dentro de los delitos contra el medio ambiente.
Estas medidas buscan combatir prácticas como el “huachicol de agua”, que dañan el suministro de agua para la población y afectan las tuberías e instalaciones del sistema.
Las penas por cometer este delito van de 2 a 6 años de prisión, con multas de 50 a 200 días, dependiendo de la gravedad y de si se afecta a la población o a los sistemas municipales de agua.
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