Desde noviembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Edomex ha obtenido 15 sentencias condenatorias contra 20 exservidores públicos municipales.
En Nicolás Romero, Edomex, el hallazgo de varios cuerpos en pozos abrió una historia que va más allá de la violencia criminal. El caso puso sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿hasta dónde podrían llegar los presuntos vínculos entre elementos policiales y el crimen organizado?4
Entre las investigaciones, las sospechas y las piezas que aún falta esclarecer, este caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre las corporaciones de seguridad y los grupos criminales. Esta es la historia de los pozos de Nicolás Romero y de las interrogantes que destaparon.
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Todo comenzó en abril de 2024, cuando fueron hallados restos humanos de 10 víctimas en dos pozos de agua del municipio de Nicolás Romero, Edomex. El descubrimiento dio paso a una investigación que apuntó hacia posibles vínculos entre integrantes de la policía municipal y grupos del crimen organizado.
Conforme avanzaron las pesquisas, las autoridades identificaron como probables responsables a mandos y elementos de la corporación policial. Las investigaciones buscaron esclarecer no solo los homicidios y otros delitos relacionados, sino también la posible participación de servidores públicos en actividades criminales.
El caso evidenció la gravedad de la violencia en la región y abrió interrogantes sobre el uso de las instituciones de seguridad para facilitar delitos de alto impacto. Las indagatorias también formaron parte del contexto en el que las autoridades federales y estatales intensificaron las acciones contra funcionarios presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
Entre los perfiles señalados en las investigaciones relacionadas con Nicolás Romero destacan:
Comunicado por las sentencias en Nicolás Romero. Foto: Fiscalía de Edomex
Asimismo, siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero:
Estos elementos recibieron condenas individuales de 46 años y seis meses por homicidio calificado. A ellos se suma Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía del municipio, quien recibió una sentencia de 47 años y seis meses por homicidio.
Estos casos forman parte de un conjunto más amplio de investigaciones contra servidores y exservidores públicos del Edomex. De acuerdo con los datos proporcionados de la FGJEM, se han obtenido 15 sentencias condenatorias contra 20 objetivos prioritarios, que suman mil 146 años y seis meses de prisión por delitos como homicidio, extorsión, secuestro, evasión y desaparición forzada.
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La Operación Enjambre comenzó el 22 de noviembre de 2024, como una estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales para investigar y detener a servidores públicos presuntamente relacionados con delitos de alto impacto y grupos criminales con presencia en el Edomex.
Las indagatorias identificaron posibles vínculos delictivos en distintos niveles de las administraciones municipales, incluidos presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores de corporaciones policiales y elementos en activo. Entre los municipios señalados se encuentran Nicolás Romero, Amanalco, Tlatlaya, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Santo Tomás de los Plátanos y Ecatepec.
El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Edomex.
La magnitud de los casos investigados puso bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia y control de las corporaciones municipales, así como los riesgos que representa la posible colusión de funcionarios con organizaciones criminales. Sin embargo, la responsabilidad debe establecerse de manera individual, con base en las pruebas y las resoluciones judiciales correspondientes.
Cabe resaltar que la Operación Enjambre no ha concluido, ya que, en un comunicado del 24 de abril de 2026, la FGJEM informó que las acciones continuarían de manera permanente y que seguirían integrándose investigaciones contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores por su probable participación en hechos delictivos.
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