Autoridades del Estado de México dieron con la distribución de cemento de presunta manera ilícita.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que durante seis meses integró la carpeta de investigación que derivó en el aseguramiento de la planta de la cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo. El operativo se ejecutó la madrugada del 12 de febrero, tras obtener una orden judicial.
La indagatoria inició en agosto de 2025, luego de que el área jurídica de la empresa presentó una denuncia por la presunta comercialización de cemento apócrifo con la marca Cruz Azul en establecimientos de Ecatepec y Tecámac.
De acuerdo con información judicial, la administración reconocida de la cooperativa comenzó a monitorear operaciones vinculadas con la planta ubicada en Tula, donde se detectó la venta de cemento terminado de menor calidad en bultos con la marca oficial.
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Las investigaciones apuntaron a que el producto era distribuido en distintas entidades, incluido el Estado de México, a precios inferiores al mercado y, en algunos casos, sin facturación. Las entregas se realizaban tanto en bultos como a granel.
Agentes ministeriales identificaron vehículos que transportaban toneladas de cemento en territorio mexiquense y les dieron seguimiento hasta puntos de venta. Con estos datos (rutas de traslado, centros de distribución y testimonios), el Ministerio Público solicitó a una jueza el aseguramiento de la planta.
El caso se da en el contexto de la pugna interna que enfrenta la cooperativa desde 2018 por el control de los Consejos de Administración y Vigilancia, entre los grupos encabezados por Guillermo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Velázquez Rangel.
En medio de esa disputa, el grupo afín a Álvarez tomó el control de la planta de Tula (que incluye la Ciudad Cooperativa Cruz Azul), mientras la facción de Velázquez mantuvo la dirección formal de la empresa entre 2020 y febrero de este año.
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Al ejecutarse la medida cautelar, abogados de la cooperativa solicitaron que el inmueble fuera restituido a la administración reconocida judicialmente. La jueza accedió, por lo que el operativo concluyó con la entrega formal de las instalaciones.
Planta cooperativa Cruz Azul en Tula que fue asegurada. Foto: Maps Ricardo
Aunque la intervención ministerial finalizó el mismo día del operativo, la FGJEM (que rescató a un niño en Ixtapaluca) informó que las indagatorias por la presunta distribución de cemento irregular continúan abiertas.
En paralelo, la dirigencia de la empresa señaló que analiza la posibilidad de desistirse del proceso judicial y anunció mesas de negociación con trabajadores vinculados al grupo de Guillermo Álvarez.
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