Entre los involucrados se encuentran funcionarios de la propia Fiscalía Mexiquense y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, además de exfuncionarios y particulares.
Dos operativos realizados en el Estado de México revelaron presuntas redes de corrupción y extorsión relacionadas con servidores públicos de esta entidad que operaban en varios municipios del Valle de México.
Se trata de funcionarios de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, además de exfuncionarios y particulares.
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En una primera investigación de la FGJEM, desarrollada en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades descubrieron un esquema que habría operado al menos desde diciembre de 2023 y en el que presuntamente participaron servidores públicos.
Se trataría de cobros ilegales, bloqueo de sistemas, condicionamiento de trámites, cierres de verificentros y amenazas contra concesionarios operados por presuntos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México.
De acuerdo con la investigación, los concesionarios habrían sido obligados a cubrir cuotas relacionadas con el número de verificaciones realizadas, las líneas de servicio y diversos trámites.
Verificentros del Estado de México. Foto: FGJEM
Las exigencias, según la Fiscalía, habrían generado que algunos empresarios trasladaran parte de esos costos a los automovilistas mediante los llamados “pagos por brincos”, utilizados para evitar multas cuando un vehículo no aprobaba las pruebas o realizaba la verificación fuera de plazo.
Y es que tan solo el Estado de México cuenta con más de siete millones de vehículos sujetos a verificación semestral, mientras que el padrón oficial contempla 163 verificentros y 878 líneas de verificación abiertas y en funcionamiento.
La investigación señala como punto clave al Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), plataforma utilizada para supervisar de manera remota las emisiones de los automóviles y las actividades de los verificentros.
Aunque el sistema cuenta con mecanismos de seguridad para detectar irregularidades, la Fiscalía mexiquense sostiene que el factor humano habría permitido utilizarlo con fines delictivos.
Entre las prácticas investigadas se encuentra la desactivación y reactivación remota del sistema desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente, con cierres que podían prolongarse durante horas, días o meses.
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Las supuestas irregularidades utilizadas como argumento para suspender operaciones iban desde logotipos despintados o equipos de cómputo no actualizados, hasta aparentes desfases entre la inspección de un vehículo y las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, así como limitar la entrega de hologramas.
La Fiscalía también documentó que, en diciembre de 2023, Raúl “N”, entonces director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal y actualmente vinculado a proceso, habría convocado a representantes de diversos verificentros a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México.
Según las entrevistas ministeriales, en ese encuentro se habría planteado el pago mensual de 200 mil pesos por establecimiento, tras lo cual algunos concesionarios habrían aceptado pagos de entre 30 mil y 100 mil pesos mensuales, mientras que en febrero de 2024 se habría exigido un supuesto pago “retroactivo” de 162 mil 500 pesos por verificentro.
Las indagatorias establecieron que las cuotas no se habrían limitado a pagos mensuales, sino que se habrían exigido cantidades relacionadas con la revalidación de concesiones, calculadas según el número de líneas de verificación.
La Fiscalía cuenta con señalamientos según los cuales en marzo de 2026 se habría solicitado a los concesionarios un pago de 500 mil pesos por cada línea de verificación.
Considerando las 878 líneas existentes, el monto habría superado los 430 millones de pesos, cantidad que se pretendía reunir adicionalmente a las cuotas mensuales y otros cobros.
Los recursos presuntamente obtenidos mediante extorsión habrían sido entregados en efectivo en oficinas privadas de la colonia Bosques de las Lomas y domicilios de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, mediante citas previas y mecanismos de acceso con códigos QR.
Aseguramiento de inmuebles durante acciones en Edomex. Foto: FGJEM
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La investigación también apunta a presiones para que algunos concesionarios cedieran porcentajes de sus empresas. Para ello, presuntamente se obstaculizaban procesos de revalidación, se ocultaba información sobre fechas y periodos de trámite y se emitían concesiones por lapsos variables.
La Fiscalía señala además que los involucrados habrían utilizado al menos dos razones sociales relacionadas con ellos y presumían contar con protección política, e incluso habrían alcanzado hasta amenazas a familiares de los concesionarios.
También se investiga un posible intento por modificar concesiones destinadas originalmente a agencias automotrices para permitir que determinados establecimientos ofrecieran servicio al público en general.
Entre el 10 y el 14 de agosto de 2026, la Fiscalía mexiquense aseguró cinco centros de verificación vehicular ubicados en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, investigados por presuntamente operar bajo concesiones modificadas.
Como parte de las diligencias, también se realizaron cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde fueron asegurados diversos indicios.
Por estos hechos, Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto por elementos de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. El 16 de agosto fueron vinculados a proceso: Raúl “N” por extorsión agravada y Carlos Eduardo “N” por abuso de autoridad.
Ambos permanecen bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
En tanto, en un operativo distinto, Fuerza de Tarea Marina participó en un despliegue junto con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de la FEMDO, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Fuerza de Tarea Marina participó en un despliegue junto con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión. Foto: FGJEM
Las acciones, derivadas de trabajos de inteligencia e intercambio de información, permitieron ejecutar órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, señalados por su probable participación en extorsión y secuestro exprés.
Los detenidos fueron identificados como Benito “N”, de 57 años; María Fernanda “N”, de 38; Efraín “N”, de 65, y Mario “N”, de 43 años. Las capturas se realizaron en los municipios de Ecatepec y Texcoco y los cuatro fueron puestos a disposición de la FEMDO.
Durante las acciones fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de presuntas drogas sintéticas, así como equipos de cómputo y teléfonos celulares. De acuerdo con la información proporcionada, los detenidos ya fueron vinculados a proceso.
Los dos operativos exhiben investigaciones paralelas sobre presuntas redes delictivas en las que estarían involucrados servidores públicos y particulares.
Mientras la investigación de los verificentros se concentra en posibles actos de extorsión, abuso de autoridad y afectaciones a concesionarios y automovilistas, el operativo en Ecatepec y Texcoco está relacionado con señalamientos de extorsión y secuestro exprés.
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