La orden podría cambiar el panorama de diversas personas privadas de la libertad; esto es lo que se sabe
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó implementar medidas para atender la grave sobrepoblación registrada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca, en el Estado de México.
La resolución deriva de un juicio promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, que cuestionó la falta de acciones suficientes para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad en este penal.
Cuando se presentó la demanda, en 2021, el centro penitenciario tenía capacidad para mil 834 personas, pero albergaba a 5 mil 116 internos.
La situación continuó agravándose. Para noviembre de 2025, la población penitenciaria había aumentado a 5 mil 823 personas, frente a la capacidad instalada, lo que representaba un nivel de sobrepoblación de 217.50 por ciento, de acuerdo con los datos considerados en el proceso judicial.
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La Corte determinó que esta problemática no puede abordarse únicamente como un asunto administrativo, debido a sus posibles efectos sobre los derechos humanos de quienes permanecen recluidos.
El máximo tribunal determinó que debe elaborarse e implementarse un plan multidisciplinario e interinstitucional para atender la sobrepoblación.
Las autoridades contarán con un plazo máximo de seis meses para ponerlo en marcha y deberán presentar informes periódicos sobre los avances. También deberán dar vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la defensoría pública estatal.
Entre las acciones que podría incluir el plan están las adecuaciones de infraestructura, gestiones presupuestales, capacitación del personal penitenciario y otras medidas destinadas a disminuir la presión sobre las instalaciones.
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La resolución no significa que las personas recluidas serán liberadas automáticamente. Sin embargo, entre las medidas que pueden analizarse se encuentran mecanismos previstos por la legislación, como los beneficios preliberacionales, siempre que las personas cumplan con los requisitos establecidos para acceder a ellos.
Por ello, cualquier eventual modificación en la población penitenciaria deberá derivarse de las medidas que implementen las autoridades y de las condiciones jurídicas particulares de cada persona.
La Suprema Corte sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras de internamiento, además de acceso a servicios básicos y respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.
En el caso de Neza-Bordo, el problema de sobrepoblación y hacinamiento fue planteado ante la Corte precisamente por sus posibles consecuencias sobre derechos como la salud, integridad, dignidad y reinserción social.
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