Diputados del Edomex proponen sancionar la explotación reproductiva y anular contratos de subrogación comercial para proteger a mujeres y menores.
En el Estado de México, los vientres de alquiler comerciales podrían enfrentar próximamente una regulación más estricta, luego de que el Grupo Parlamentario del PAN presentara una iniciativa para prohibir la maternidad subrogada con fines lucrativos. La propuesta busca proteger a las mujeres gestantes y asegurar los derechos de los niños nacidos bajo este esquema, evitando que la gestación se convierta en un negocio.
La gestación por contrato permite que una mujer lleve un embarazo por encargo de otra persona o pareja, pero cuando hay un intercambio económico, pueden surgir situaciones de explotación. Según expertos y organismos internacionales:
La subrogación comercial puede mercantilizar el cuerpo femenino.
Las gestantes reciben solo una fracción de la compensación total mientras el mercado genera miles de millones de dólares.
Existe riesgo de vulneración de los derechos de los niños nacidos bajo este modelo.
El proyecto prohibiría la participación de laboratorios y clínicas en procedimientos de subrogación por dinero. Foto: Canva
La legisladora responsable de la iniciativa destacó que esta práctica, cuando se realiza con fines de lucro, puede considerarse una forma de violencia contra mujeres y menores, respaldando la necesidad de establecer límites legales claros.
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La propuesta de la diputada Johana Felipe Torres plantea cambios en tres ordenamientos del Estado de México:
Código Civil: define la maternidad subrogada comercial, declara nulos los contratos con fines lucrativos y establece que la maternidad legal corresponde a quien da a luz.
Código Penal: tipifica la explotación reproductiva como delito, con penas de 6 a 12 años, que se elevan si intervienen intermediarios, profesionales de la salud o funcionarios públicos. La vulnerabilidad de la gestante se considera agravante.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: reconoce la explotación reproductiva como violencia de género, prohíbe la participación de clínicas o laboratorios y exige programas de prevención, atención integral y protección de los niños.
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Los transitorios estipulan 90 días para que autoridades estatales y municipales adapten protocolos y 180 días para poner en marcha programas de prevención y difusión de la prohibición. Además, se ordena la suspensión inmediata de cualquier procedimiento de subrogación comercial en curso.
La legisladora aclaró que la iniciativa no limita la reproducción asistida ni el deseo de formar una familia, sino que busca garantizar que no se haga mediante un esquema de lucro que ponga en riesgo los derechos de mujeres y niños.
Para quienes contemplen la maternidad subrogada como opción, se recomienda informarse sobre las leyes vigentes y acudir a instituciones autorizadas, asegurando un proceso seguro y respetuoso de los derechos de todos los involucrados.
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