La propuesta en el Congreso del Edomex plantea nuevas medidas para asegurar el pago de pensiones alimentarias ante casos de incumplimiento
El dinero que una persona ha destinado para su retiro podría quedar dentro de las opciones para cubrir una pensión alimentaria pendiente. Los deudores alimentarios serían alcanzados por una propuesta que busca ampliar las herramientas judiciales disponibles cuando existe incumplimiento.
El planteamiento forma parte de un dictamen que ya recibió el aval en comisiones y que reúne dos iniciativas impulsadas anteriormente por Morena y el Partido Verde Ecologista de México.
El proyecto busca que el pago de alimentos pueda asegurarse sin depender únicamente de que la persona acreedora tenga que solicitar una y otra vez medidas para hacerlo efectivo. Para ello, se propone que los jueces actúen de oficio conforme a las circunstancias de cada caso.
Una de las modificaciones contempla incorporar el embargo de las subcuentas de retiro como una medida excepcional. La disposición estaría dirigida a garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban los recursos que les corresponden.
Esto no supondría que cualquier deuda provoque automáticamente la pérdida de los ahorros acumulados en una Afore. La autoridad judicial tampoco tendría facultades para disponer libremente de cualquier recurso de retiro.
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Durante la discusión del dictamen, el Partido Verde planteó recurrir a las cuentas de retiro cuando exista incumplimiento de la pensión, incluyendo escenarios como el desempleo.
La propuesta parte de considerar la necesidad inmediata de niñas, niños y adolescentes frente a una expectativa patrimonial que corresponde al futuro.
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Además del mecanismo relacionado con el retiro, el dictamen contempla distintas opciones para respaldar el cumplimiento:
Hipoteca.
Prenda.
Fianza.
Depósito.
Retención.
Descuento directo de ingresos.
Otra garantía que la autoridad judicial considere suficiente.
La propuesta plantea que la autoridad judicial ordene de oficio las medidas de aseguramiento que sean necesarias, tomando en cuenta las particularidades de cada asunto. El objetivo es fortalecer esta figura para que el derecho a recibir alimentos pueda hacerse efectivo de manera oportuna.
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