El proyecto de ley en Edomex busca crear un sistema de certificación para entrenadores y centros que forman animales de servicio y terapéuticos.
En el Estado de México, la regulación sobre animales de terapia toma fuerza con una iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano, que busca garantizar el acceso de estos animales y sus usuarios a establecimientos públicos y privados.
Esta propuesta impulsa la inclusión y protege los derechos de personas con discapacidad o con alguna condición física o mental.
El objetivo principal es reconocer legalmente a los animales de servicio y terapia para evitar que se niegue el acceso a quienes los acompañan.
La diputada Maricela Beltrán señala que el proyecto atiende a más de 8.9 millones de personas con discapacidad y cerca de 18 millones con trastornos mentales en México, según datos del INEGI. La falta de regulación genera que muchos establecimientos restrinjan la entrada a estos usuarios.
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La propuesta busca modificar el Código para la Biodiversidad y la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial para incluir un capítulo dedicado a animales de asistencia y terapia. Entre las medidas destacan:
Derecho al acceso libre en espacios públicos, transportes y negocios.
Diferenciación entre animales de asistencia, entrenados para ayudar a personas con discapacidades, y animales terapéuticos, que apoyan en tratamientos emocionales o de rehabilitación.
Obligaciones para los usuarios, como mantener la higiene del animal, portar identificación y documentación sanitaria, y usarlo solo para las funciones previstas.
Se planea un sistema municipal de certificación para centros y adiestradores, supervisado por el Instituto Mexiquense para la Discapacidad y la Secretaría del Medio Ambiente. Esto garantizará el profesionalismo en el entrenamiento y el bienestar animal. Los animales y sus instructores podrán acceder libremente a espacios durante el periodo de adiestramiento para facilitar su socialización.
Actualmente, la propuesta está en comisiones donde se analizan detalles como costos y personal para la certificación. Tras su aprobación, el Ejecutivo del Estado tendrá 90 días para emitir los lineamientos reglamentarios.
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