La huelga en la mina San Dimas, Durango, comienza a extender sus consecuencias más allá de los trabajadores sindicalizados
El conflicto laboral en la mina San Dimas cumple más de un mes sin operaciones y comienza a afectar a trabajadores de empresas contratistas, familias y negocios de esta comunidad serrana.
La huelga en la mina San Dimas, ubicada en Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango, comienza a extender sus consecuencias más allá de los trabajadores sindicalizados.
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A más de un mes del inicio del paro de labores, más de 400 empleados de empresas contratistas habrían sido liquidados, en medio de la incertidumbre sobre cuándo podrán reanudarse las operaciones.
La situación fue reportada el martes 20 de octubre por el diario La Jornada, que documentó las repercusiones económicas del conflicto laboral en esta comunidad serrana, donde una parte importante de las actividades comerciales y de servicios depende directa o indirectamente de la minería.
De acuerdo con información proporcionada por contratistas de la localidad, quienes solicitaron mantener el anonimato, la suspensión de las operaciones ha complicado la continuidad de los trabajos de las empresas proveedoras y el cumplimiento de sus compromisos laborales.
Entre los afectados se encuentran habitantes de Tayoltita y trabajadores provenientes de otras localidades, quienes habrían perdido su fuente de ingresos como consecuencia de la paralización de las actividades mineras.
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El conflicto comenzó el 18 de septiembre de 2026, cuando trabajadores de las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros iniciaron un paro de labores en la unidad minera operada por First Majestic.
Posteriormente, el movimiento se convirtió formalmente en huelga el 8 de octubre, sin que hasta el momento se haya concretado un acuerdo definitivo.
Entre las inconformidades expresadas por los trabajadores se encuentran demandas relacionadas con las condiciones de seguridad e higiene, el cumplimiento de acuerdos laborales y el pago de un bono de productividad.
La empresa canadiense First Majestic, por su parte, sostuvo en una actualización difundida el 20 de octubre que una de las principales diferencias con la representación sindical se relaciona con el tratamiento fiscal de un bono discrecional y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente.
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Según la compañía, la dirigencia sindical local pretende que la empresa absorba la totalidad de esa carga fiscal. La minera también defendió sus condiciones de seguridad y atribuyó los retrasos en ciertas obras de ventilación a diferencias con la representación sindical sobre la contratación de empresas especializadas.
Estas posturas reflejan las diferencias entre ambas partes, que hasta ahora no han conseguido resolver el conflicto.
La liquidación reportada de más de 400 trabajadores de empresas contratistas representa una de las consecuencias laborales documentadas fuera de la plantilla directa de la mina.
Sin embargo, el impacto podría extenderse a otros sectores de Tayoltita, debido a la relación que existe entre la actividad minera y el movimiento económico de la localidad.
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Los establecimientos comerciales, los proveedores de servicios y las familias que dependen de los ingresos generados por esta industria permanecen expuestos a los efectos de una suspensión prolongada.
La dimensión de las afectaciones indirectas aún requiere información adicional que permita establecer cuántos negocios han registrado pérdidas, qué proporción de los ingresos familiares depende de la mina y cuánto tiempo podrían sostenerse estas actividades sin la reanudación de las operaciones.
Por ahora, First Majestic ha reiterado su disposición al diálogo y su intención de alcanzar un acuerdo que permita el regreso seguro de los trabajadores y la conservación de las fuentes de empleo.
Mientras continúe la falta de entendimiento entre la empresa y los sindicatos, Tayoltita seguirá a la espera de una solución que permita recuperar la actividad productiva de la mina San Dimas y reducir la incertidumbre económica que enfrenta la comunidad.
