Diputado de Durango propone proteger a los maestros ante acusaciones falsas
Las acusaciones falsas contra maestros han cobrado relevancia, después de que una madre de familia acusara a un maestro por encargar una tarea sobre la elaboración de un croquis.
Hoy muchos maestros temen llamar la atención a los niños, porque pueden ser objeto de señalamientos que pueden poner en riesgo toda una carrera en el magisterio.
El diputado Iván Soto Mendía advirtió que docentes temen enfrentar conflictos con padres de familia y acusaciones sin fundamento; por ello, el PRI busca fortalecer la protección jurídica del personal educativo.
“Hay maestras y maestros que hoy tienen miedo de ejercer su profesión, miedo de llamar la atención a un estudiante, de aplicar una medida disciplinaria o de enfrentar un conflicto con algún padre de familia”, expuso el diputado local Iván Soto Mendía.
El legislador señaló que las amenazas, los actos de hostigamiento y las acusaciones que no logran acreditarse pueden poner en riesgo la trayectoria profesional, la estabilidad laboral y el entorno familiar de los docentes.
Durante su intervención en tribuna, Soto Mendía habló también desde su experiencia como maestro y advirtió que esta situación puede generar temor entre quienes deben ejercer su autoridad dentro de las aulas.
El diputado recordó que la bancada priista presentó una iniciativa para proteger al personal docente, directivo y administrativo ante situaciones que puedan comprometer su desarrollo profesional y sus condiciones laborales.
Explicó que una acusación sin fundamento puede afectar en pocos días una trayectoria construida durante 20 o 30 años de servicio, particularmente cuando un trabajador es separado de sus funciones, cambiado de escuela o exhibido públicamente, pero posteriormente las investigaciones no encuentran elementos para acreditar su responsabilidad.
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El legislador aclaró que la propuesta no busca desestimar las denuncias ni anticipar la inocencia o culpabilidad de las personas señaladas, pues corresponde a las autoridades competentes investigar cada caso conforme a derecho.
Sin embargo, consideró necesario atender las consecuencias personales, familiares y profesionales que pueden enfrentar los trabajadores de la educación cuando los señalamientos en su contra no se comprueban.
“No estoy hablando de situaciones imaginarias. Son hechos que han ocurrido en Durango y en otros estados vecinos y que deberían preocuparnos a quienes tenemos la responsabilidad de legislar”, afirmó.
Soto Mendía señaló que la preocupación por la seguridad jurídica del magisterio también se ha abordado en otras entidades, al mencionar iniciativas que, de acuerdo con su exposición, han sido aprobadas en los congresos locales de Aguascalientes, Chihuahua y Guerrero.
El diputado subrayó que proteger al personal educativo no significa restar importancia a las denuncias ni debilitar los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, el legislador llamó a las comisiones encargadas de analizar la iniciativa a escuchar al magisterio, las autoridades educativas, las familias y especialistas en derechos de la infancia.
La intención, indicó, es construir una propuesta que garantice la protección de los estudiantes y, al mismo tiempo, brinde certeza jurídica a maestras y maestros para que puedan ejercer su profesión con dignidad, tranquilidad y respeto a sus derechos.
