Iniciativa para tipificar el delito de 'cohabitación forzada' busca proteger a niñas y adolescentes de Durango
Con el objetivo de reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, la diputada Sughey Torres Rodríguez presentó una iniciativa para tipificar la cohabitación forzada en el Código Penal del Estado de Durango con sanciones severas.
La propuesta plantea castigar a quienes obliguen, induzcan, promuevan o faciliten este tipo de uniones. “Que ninguna niña renuncie a sus sueños para cumplir los de otro; que ningún niño vea su futuro decidido por terceros”, expresó en tribuna.
La iniciativa propone adicionar un capítulo específico al Código Penal estatal para incorporar expresamente el delito de cohabitación forzada, armonizado con el marco penal federal. Plantea sanciones de ocho a 15 años de prisión y multa de mil a dos mil 500 días.
Además, contempla incrementar la pena hasta en una mitad cuando existan agravantes. Entre ellas, el uso de violencia física o psicológica, amenazas, intimidación y abuso de la patria potestad, tutela, guarda, custodia o relaciones de cuidado.
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El aumento aplicaría también cuando se persiga un beneficio económico o la víctima pertenezca a un pueblo indígena o comunidad afromexicana. Aclaró que la protección reforzada no estigmatiza, sino que reconoce barreras adicionales para ejercer y defender sus derechos.
Explicó que la cohabitación forzada ocurre cuando una persona menor de 18 años, o quien no puede comprender o resistir el hecho, es obligada a convivir de manera constante y equiparable al matrimonio, con un menor o con un adulto.
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Subrayó que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, persisten uniones sin vínculo formal que vulneran derechos. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales para que la falta de matrimonio no impida la protección jurídica de las víctimas.
Para dimensionar el problema, citó el Censo de Población 2020 del INEGI, que contabilizó 224 mil 454 adolescentes de 12 a 17 años casados o en unión libre. En Durango, el CONAPO registró en 2020 una fecundidad forzada de 2.1 nacimientos por cada mil niñas.
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Aclaró que dichas cifras no equivalen solo a cohabitación forzada ni implican que todas las uniones fueran impuestas. No obstante, evidencian contextos de vulnerabilidad que obligan a fortalecer la protección legal. Respaldaron la propuesta Gaby Vázquez Chacón y Delia Enríquez.
