El Congreso de Durango revisó las cuentas financiera de los municipios y organismos públicos del ejercicio 2025
El Congreso del Estado de Durango aprobó las cuentas públicas de 23 municipios y de los organismos constitucionales autónomos correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
La decisión no significa que estén libres de posibles irregularidades ni que todas las observaciones detectadas durante las auditorías hayan sido aclaradas.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rocío Rebollo Mendoza, aclaró que la aprobación legislativa no representa un aval absoluto al manejo de los recursos públicos, por lo que los procedimientos de fiscalización y la determinación de posibles responsabilidades deberán continuar conforme a la ley.
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“La aprobación de una cuenta pública no significa extender un certificado de honestidad a los servidores públicos”, puntualizó.
Rocío Rebollo explicó que el aval del Congreso no sustituye las facultades de las autoridades fiscalizadoras ni de las instancias encargadas de investigar y sancionar posibles irregularidades.
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Por ello, las observaciones que continúen pendientes deberán seguir los procedimientos correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
La legisladora también llamó a los ayuntamientos, las dependencias estatales y los organismos autónomos a fortalecer sus mecanismos de control interno, mejorar sus procesos administrativos y cumplir con las normas de contabilidad gubernamental, disciplina financiera, transparencia y fiscalización.
Los dictámenes avalados por el Congreso del Estado corresponden a los siguientes municipios:
La aprobación corresponde al ejercicio fiscal 2025 y también incluye las cuentas públicas de los organismos constitucionales autónomos.
La presidenta de la Comisión de Hacienda sostuvo que la revisión de las cuentas públicas debe mantenerse al margen de intereses políticos y centrarse en la protección de los recursos de la ciudadanía.
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Rebollo Mendoza agregó que es necesario profesionalizar las áreas administrativas y financieras de los ayuntamientos, con el objetivo de mejorar el manejo del presupuesto y ampliar la capacidad de los gobiernos para atender las necesidades de la población.
De esta manera, el aval legislativo no cierra la puerta a futuras revisiones ni elimina las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del ejercicio de los recursos públicos.
