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La resolución fue dictada por un juez de control tras una audiencia que se prolongó por cerca de seis horas.
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La imputada, identificada como Esthela “N”, enfrenta acusaciones por presunta violencia física y emocional en contra de sus hijos, así como por ejercer violencia vicaria hacia ellos y su pareja, Johnny Robles, quien promovió la denuncia ante las autoridades.
Con esta resolución, Esthela “N” se convierte en la primera mujer procesada por este delito en el estado, lo que sienta un precedente en la aplicación de esta tipificación penal.
El juzgador estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público recabará mayores elementos para sustentar el caso.
A la salida del Centro de Justicia Penal, Johnny Robles expresó que su motivación principal es la protección de sus hijos, señalando que el proceso busca garantizar su bienestar físico y emocional.
En contraste, la defensa de Esthela manifestó su desacuerdo con la resolución judicial y anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes para impugnar la vinculación.
La abogada defensora argumentó que existen elementos que, a su consideración, sustentan una versión distinta de los hechos y cuestionó la solidez de la teoría presentada por la parte acusadora.
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¿Qué controversias rodean el proceso judicial?
Pese al avance del proceso penal, Esthela “N” mantiene la guarda y custodia de sus hijos, decisión que fue dictada previamente por un juez en materia familiar.
Su defensa sostuvo que dicha condición no puede ser modificada por un juez penal, mientras que el equipo legal de Robles anticipó que buscará vías legales para restablecer la convivencia con los menores durante el desarrollo del proceso.
Fuera del recinto judicial, el caso generó manifestaciones con posturas encontradas. Integrantes del colectivoPadres por la Verdadacudieron para respaldar al denunciante, mientras que activistas y defensores de derechos humanos expresaron su apoyo a la imputada, cuestionando la severidad de las medidas cautelares impuestas y denunciando un presunto linchamiento mediático.
Algunas voces señalaron que la presión social y mediática podría estar influyendo en las decisiones judiciales, lo que ha intensificado el debate público en torno a la aplicación equitativa de la justicia y el alcance legal de la violencia vicaria en Coahuila.