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Pese a las particularidades de cada recinto, existieron fallas en las que todos los penales coincidieron, incluso los aprobados en la calificación general, las cuales corresponden a deficiencias en gobernabilidad, calidad e higiene de las instalaciones, entre otros rubros sensibles.
Las observaciones fueron plasmadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, marco en el que la CNDH evaluó decenas de centros penitenciarios estatales, federales y militares del país, donde la mayoría de las entidades federativas obtuvieron calificaciones reprobatorias.
¿Qué aspectos negativos fueron encontrados en los siete penales estatales de Coahuila?
Presentamos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. La presidenta de la CNDH, Mtra. @RosarioPiedraIb señaló que es necesario transitar de un modelo carcelario basado en el castigo a uno que haga posible una reinserción social efectiva. Hacemos un llamado a los sistemas penitenciarios del país a fortalecer las condiciones de internamiento y garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. #DefendemosAlPueblo
Pese a estas disparidades, en el 100% de los centros estatales se detectaron cuatro deficiencias críticas en las que todos coincidieron, las cuales abarcan cuatro de los cinco rubros de los que se compuso la evaluación.
Dicho esto, los aspectos negativos en los que coincidieron la totalidad de los recintos fueron:
Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos
Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad
Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad
Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria
En contraste con las graves deficiencias observadas en los recintos bajo administración estatal, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 18 “CPS Coahuila” obtuvo una evaluación significativamente más favorable por parte del organismo nacional, alcanzando una calificación de 7.58.
Más allá de ello, en el desglose individual, únicamente tres recintos lograron un promedio marginalmente aprobatorio:
Centro Penitenciario Varonil Saltillo 6.16
Centro Penitenciario Femenil Saltillo 6.88
Centro Penitenciario de Monclova 6.63
En tanto, los cuatro restantes obtuvieron notas reprobatorias:
¿Qué aspectos negativos fueron encontrados en el Centro Penitenciario Varonil Piedras Negras?
Como el recinto peor evaluado de la entidad, el Centro Penitenciario Varonil Piedras Negras registró graves deficiencias, tales como carencias en los servicios de salud, falta de prevención ante violaciones a los derechos humanos, hacinamiento e insuficiencia de programas para prevenir y responder ante incidentes violentos.
Asimismo, la CNDH alertó sobre la sobrepoblación, la falta de vías para la remisión de quejas por posibles abusos y deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular del penal.
Entre otros aspectos, el informe señaló fallasen la alimentación, así como el deterioro e insalubridad en las instalaciones para alojar a la población penitenciaria. También se constató la precariedad o ausencia de condiciones de higiene en las áreas de cocina, comedores, servicio médico y espacios destinados a la comunicación con el exterior, sumado a una infraestructura general insuficiente para la operación del centro.
Otro punto crítico fueron las fallas en la gobernabilidad, como irregularidades en el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario, ausencia de normatividad interna e insuficiencia de custodios.
A estas problemáticas se añadieron fallas en la integración del expediente técnico-jurídico de los reclusos, falta de separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de la población y deficiencias en los registros para el cumplimiento del plan de actividades, lo cual obstaculiza la reinserción social.
Aunado a ello, el organismo emitió alertas por la desatención a personas con discapacidad, la falta de enfoque de inclusión para la población indígena, la carencia de cobertura médica especializada para quienes viven con VIH o SIDA, y la insuficiencia de programas de desintoxicación voluntaria y prevención de adicciones.