Congreso de Coahuila plantea cámaras de videovigilancia en celdas para proteger a detenidos con esta medida.
El Congreso del Estado de Coahuila analiza una propuesta para que los centros de detención municipales cuenten con sistemas de videovigilancia permanente, como parte de una estrategia para reforzar la protección de los derechos humanos de las personas arrestadas por faltas administrativas.
La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, quien subrayó que las autoridades locales tienen la responsabilidad legal y ética de garantizar un trato digno a quienes son privados de su libertad de manera temporal.
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El legislador explicó que uno de los antecedentes que impulsaron esta iniciativa fue el fallecimiento de un joven dentro de las celdas del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, caso que presuntamente estuvo relacionado con un traumatismo craneoencefálico.
Este hecho evidenció la necesidad de contar con mecanismos que permitan esclarecer lo que ocurre durante las detenciones.
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De acuerdo con la propuesta, las cámaras deberían instalarse en áreas de entrevista y detención, y estar enlazadas tanto al C2 municipal como al C4 estatal, con el fin de generar un respaldo digital de las actuaciones al interior de los centros de justicia cívica.
Esto permitiría contar con evidencia objetiva en caso de denuncias, además de fortalecer la supervisión institucional.
Valdés Flores enfatizó que las faltas administrativas no constituyen delitos graves, por lo que la restricción de la libertad debe aplicarse bajo principios estrictos de legalidad, debido proceso y respeto a la dignidad humana.
En ese sentido, la videovigilancia ayudaría a prevenir abusos de autoridad, proteger tanto a los detenidos como a los servidores públicos y consolidar una justicia cotidiana más transparente.
El diputado sostuvo que el uso de tecnología en espacios de detención no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que también contribuye a restablecer la confianza ciudadana en las instituciones municipales, al garantizar que toda actuación quede debidamente documentada.
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