La intervención de las autoridades busca erradicar prácticas que vulneran derechos y generan temor injustificado en la población.
El Poder Judicial del Estado mantiene abiertas al menos 10 carpetas de investigación contra despachos jurídicos en distintas regiones de Coahuila por presuntas prácticas ilegales de cobro que incluyen hostigamiento, amenazas, acoso e incluso la falsificación de sellos de dependencias oficiales.
Así lo dio a conocer el magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, quien señaló que aunque estos casos han disminuido en los últimos años, todavía existen despachos que intentan intimidar a ciudadanos fuera de los cauces legales.
De acuerdo con el magistrado, algunos despachos han recurrido a llamadas fuera de horario, envío constante de cartas intimidatorias y el uso indebido de sellos que simulan provenir de dependencias oficiales, cuando en realidad no existe ningún procedimiento mercantil iniciado ante tribunales.
Estas acciones buscan presionar a las personas para que paguen adeudos bajo el miedo de supuestos embargos o procesos judiciales inexistentes. El problema, explicó, es que muchas víctimas desconocen cómo funcionan los juicios mercantiles y terminan cediendo ante amenazas que carecen de sustento legal.
Las carpetas abiertas contemplan denuncias por:
El presidente del Poder Judicial subrayó que varios de los despachos señalados ya dejaron de operar; sin embargo, las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades individuales contra los abogados involucrados.
Recalcó que ningún despacho puede atribuirse facultades de autoridad judicial ni realizar actos que solo corresponden a un juez dentro de un procedimiento formal.
El magistrado invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier llamada intimidatoria, amenazas o documentos con sellos sospechosos ante el Poder Judicial. Señaló que si no existe un expediente formal iniciado en juzgados mercantiles, no hay fundamento para embargos o aseguramientos.
Además, destacó la campaña Ponte Trucha, impulsada por el Poder Judicial, la cual ha permitido reducir en un 35% los fraudes relacionados con pagarés mal llenados. La recomendación principal es no dejar espacios en blanco y verificar cuidadosamente la información antes de firmar cualquier documento que implique una obligación de pago.
Muchas personas pierden patrimonio por desconocimiento o por firmar documentos incompletos que posteriormente son alterados.
