El plan de seguridad en los entornos escolares combina el patrullaje de proximidad con dispositivos de vigilancia en tiempo real para agilizar la capacidad de respuesta ante cualquier reporte.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón desplegó un operativo especial de vigilancia en centros educativos de la ciudad con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la integridad de la comunidad escolar. Las acciones contemplan recorridos terrestres constantes, presencia fija en horarios de entrada y salida, así como un esquema de supervisión aérea para abarcar sectores de difícil acceso.
La estrategia preventiva se intensificó tras la intervención registrada la mañana del martes 6 de octubre en la Secundaria Federal Número 2 "Federico Berrueto Ramón", donde las autoridades detectaron un mensaje con amenazas emitido por un estudiante en redes sociales.
Aunque se confirmó que el menor no portaba objetos peligrosos ni se registraron agresiones, la corporación activó de inmediato los protocolos para poner al alumno a disposición de la Unidad Violeta y dar seguimiento a su entorno familiar.
El plan de seguridad en los entornos escolares combina el patrullaje de proximidad con dispositivos de vigilancia en tiempo real para agilizar la capacidad de respuesta ante cualquier reporte:
Foto: Redes Sociales
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A la par del monitoreo externo, la DSPM realiza acciones al interior de las instituciones educativas previa solicitud de los comités escolares y padres de familia. En estas revisiones participan binomios caninos K-9 para detectar sustancias prohibidas u objetos de riesgo dentro de las aulas.
De igual forma, la Unidad de Prevención Contra las Adicciones y el Delito acude a los salones de clase para impartir pláticas sobre el uso responsable de redes sociales, acoso escolar y las consecuencias legales de emitir amenazas o incurrir en faltas administrativas.
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Cuando se detectan conductas de alerta o publicaciones amenazantes en entornos digitales, los menores son canalizados junto a sus tutores a la Unidad Violeta para evaluar el contexto individual y determinar la atención requerida.
Según el nivel de riesgo, las autoridades derivan los casos al Centro de Integración Juvenil (CIJ), a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), al Sistema DIF Municipal o al programa formativo "Aplícate" de la corporación policiaca.
