Las cuotas escolares en Coahuila son decisión de los padres de familia, no un requisito obligatorio, de acuerdo con la Sedu
Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026 en puerta, la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) reiteró que ninguna escuela pública de nivel básico puede condicionar la inscripción, permanencia o entrega de documentos —como boletas de calificaciones o certificados— al pago de cuotas escolares.
La dependencia insistió en que las aportaciones que se cobran en los planteles son de carácter voluntario y no representan un requisito para que los estudiantes reciban su papelería al término del año.
De acuerdo con lo señalado por la propia Sedu, la gratuidad de la educación aplica para preescolar, primaria y secundaria, y las decisiones sobre el destino de las cuotas corresponden exclusivamente a las asociaciones de padres de familia, sin que directivos o docentes tengan injerencia en su cobro o manejo.
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El respaldo legal de esta postura se encuentra en la Ley General de Educación, cuyo artículo sexto establece que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita y que ninguna contraprestación puede impedir o condicionar el servicio educativo a los alumnos. Entre los puntos que marca la norma destacan:
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Para garantizar que ningún estudiante se vea afectado por adeudos, la Sedu recordó que las calificaciones y certificados pueden descargarse de forma gratuita a través del portal oficial de la dependencia, en el apartado de trámites y servicios, dentro de la sección de expediente electrónico.
Este mecanismo permite a las familias de la región obtener la documentación sin necesidad de acudir directamente al plantel ni cubrir pago alguno.
Cuando se han detectado casos de escuelas que sí condicionan trámites al pago —principalmente en inscripciones de nuevo ingreso—, las autoridades han pedido a los padres de familia denunciar directamente ante la Secretaría de Educación. Entre las recomendaciones para las familias de Coahuila y la Comarca Lagunera se encuentran:
La Sedu subrayó que el objetivo de estas disposiciones es evitar que la situación económica de las familias se convierta en un obstáculo para que niñas, niños y adolescentes concluyan sus trámites escolares con normalidad.
