Coahuila

SCJN elimina cobro de 150 pesos por registro de nacimiento en Coahuila

SCJN elimina cobro de 150 pesos por registro de nacimiento en Coahuila al considerarlo inconstitucional.

Suprema Corte elimina cobro de 150 pesos por registro de nacimiento / Foto: El Juego de la Suprema Corte - Nexos
Suprema Corte elimina cobro de 150 pesos por registro de nacimiento / Foto: El Juego de la Suprema Corte - Nexos

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el cobro de 150 pesos por el registro de nacimiento en Coahuila es contrario a la Constitución, al considerar que representa una barrera económica para el ejercicio de un derecho fundamental. 

Con esta resolución, el máximo tribunal del país invalidó una disposición de la Ley de Hacienda estatal y fortaleció la protección del derecho a la identidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

La decisión fue aprobada por unanimidad de votos y establece que ninguna persona debe enfrentar obstáculos financieros para obtener el reconocimiento legal de su nacimiento, un trámite considerado esencial para acceder a otros derechos como educación, salud, seguridad social y programas gubernamentales.

La propuesta fue presentada por la ministra Sara Irene Herrerías, quien argumentó que cualquier legislación que imponga una tarifa para registrar un nacimiento vulnera principios constitucionales y afecta de manera directa el interés superior de la niñez.

¿Por qué la Suprema Corte consideró inconstitucional el cobro por registrar un nacimiento?

El análisis realizado por la SCJN concluyó que el registro de nacimiento no puede tratarse como un servicio sujeto al pago de derechos o contribuciones. Los ministros señalaron que la identidad es un derecho humano reconocido tanto en la Constitución mexicana como en diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

De acuerdo con los argumentos expuestos durante la sesión, imponer una cuota económica para realizar este trámite puede impedir que algunas familias registren oportunamente a sus hijos, generando consecuencias que se extienden durante toda la vida de una persona.

La Corte sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a este procedimiento sin restricciones económicas, ya que el registro de nacimiento constituye la puerta de entrada al reconocimiento jurídico de una persona.

¿Qué implica esta resolución para las familias de Coahuila?

La invalidación del artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para Coahuila significa que el cobro de 150 pesos por el registro de nacimiento ya no podrá mantenerse bajo ese marco legal.

Esto representa un beneficio directo para miles de familias, especialmente aquellas que enfrentan condiciones económicas complicadas y que podrían ver afectado el acceso a trámites fundamentales para sus hijos. La resolución también busca evitar que existan diferencias en el acceso a la identidad derivadas de la capacidad económica de los ciudadanos.

Especialistas en derechos humanos han señalado que garantizar el registro gratuito ayuda a reducir el subregistro de nacimientos y fortalece la inclusión social desde los primeros días de vida.

¿Por qué el derecho a la identidad es considerado fundamental?

La SCJN enfatizó que contar con un acta de nacimiento es indispensable para ejercer otros derechos reconocidos por la ley. Sin este documento, una persona puede enfrentar dificultades para inscribirse en la escuela, acceder a servicios médicos, obtener documentos oficiales o realizar diversos trámites gubernamentales.

Por ello, los ministros consideraron que cualquier requisito económico asociado al registro de nacimiento puede convertirse en un obstáculo para el pleno desarrollo de las personas.

Además, destacaron que la protección de la identidad cobra especial relevancia cuando se trata de menores de edad, debido a que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar y desarrollo integral.

Con esta resolución, la Suprema Corte refuerza el criterio de que el acceso a la identidad debe ser universal, gratuito y sin condiciones económicas, consolidando la protección de uno de los derechos fundamentales más importantes para la población mexicana.


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