Salud mental en alerta por recorte presupuestal federal en Coahuila.
La diputada Beatriz Fraustro Dávila lanzó un llamado urgente al Gobierno Federal para que reconsidere la reducción del presupuesto destinado a la salud mental, luego de confirmarse que en 2026 habrá una disminución del 9% en los recursos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.
La legisladora advirtió que esta decisión refleja una falta de empatía institucional frente a un problema que afecta a millones de mexicanos y que cada año muestra mayores índices de depresión, ansiedad y suicidio.
El ajuste presupuestal no solo impactará a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, sino también a otros organismos clave como los Centros de Integración Juvenil, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Según la diputada, la reducción representa un retroceso frente a los retos crecientes de salud emocional que enfrenta la población mexicana, especialmente en un contexto de estrés social, inseguridad y crisis económica.
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Fraustro Dávila subrayó que el sistema nacional de salud ya enfrenta carencias estructurales que se han agravado en los últimos años: servicios saturados, largas filas de espera, desabasto de medicamentos y desigualdad en el acceso a atención médica.
Estas deficiencias impactan directamente en la calidad de vida y el bienestar psicoemocional de millones de personas, sobre todo de comunidades rurales, hogares de bajos ingresos y ciudadanos sin seguridad social.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 44.5 millones de mexicanos declararon en 2024 no tener acceso a servicios de salud, lo que equivale al 34.2% de la población nacional.
Este escenario agrava la situación para quienes requieren tratamientos psiquiátricos o medicamentos de uso continuo, ya que el desabasto crónico obliga a las familias a realizar gastos adicionales o incluso interrumpir terapias esenciales.
Fraustro Dávila reiteró que el país necesita políticas públicas sensibles que prioricen la salud mental como parte integral del bienestar social.
Exigió al Gobierno Federal que revise su postura presupuestal y considere el impacto humano y social de estos recortes, especialmente en estados como Coahuila, donde las instituciones de salud enfrentan una presión creciente ante la demanda ciudadana.
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