El síndico entregó al juzgado las bases corregidas para la venta de AHMSA y Minosa como unidad productiva
La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) entregó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles las nuevas bases que regularán la subasta de ambas empresas, luego de que la autoridad judicial rechazara la propuesta anterior por incluir mecanismos no autorizados dentro del proceso de venta.
La documentación fue entregada el 27 de julio, en cumplimiento de los requerimientos que la jueza había emitido tres días antes, e incorpora las adecuaciones solicitadas por la autoridad judicial.
El síndico encargado del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, es quien encabeza el procedimiento desde hace varios meses.
El nuevo documento no llegó por casualidad: el juzgado había rechazado días antes las bases presentadas, al detectar que contemplaban procesos ajenos al mecanismo de enajenación autorizado, entre ellos la posible venta forzada de bienes, por lo que otorgó un plazo de 72 horas para corregir la propuesta.
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La autoridad judicial determinó que la propuesta original incluía procedimientos no contemplados en el mecanismo aprobado el 2 de junio, cuando se autorizó la venta de ambas compañías por mil 326 millones de dólares, equivalente al 85 por ciento del valor de sus activos.
Se trata del segundo tropiezo del proceso, luego de que el primer intento de subasta, fijado para el 27 de febrero, fuera declarado desierto porque el único postor registrado, integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam, no cumplió los requisitos establecidos.
Entre los puntos que marcaron esta etapa del proceso se encuentran:
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El valor mínimo de referencia para la venta de ambas empresas como unidad productiva se mantiene en mil 326 millones de dólares, de los cuales mil 201 millones corresponden a AHMSA y 125 millones a Minosa.
El mismo medio detalló que acreedores con garantías, entre ellos Cargill, Banca Afirme, Unifin, Caterpillar, Pemex y Tubacero, podrán participar de manera directa en el proceso como postores calificados.
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Una vez presentados los documentos ante el juzgado, estos permanecen a disposición de las partes por un plazo legal de tres días para que puedan presentar observaciones o manifestaciones.
La jueza también reconoció que la prolongación del proceso puede provocar una mayor depreciación de los activos y agravar las afectaciones económicas y laborales, por lo que exhortó al síndico a actuar con diligencia y eficacia.
El caso mantiene en vilo a más de 13 mil trabajadores que desde hace más de tres años reclaman el pago de salarios y finiquitos pendientes, mientras la industria siderúrgica de Monclova espera una definición sobre el futuro de ambas empresas.
