Secretaria de Salud informa que solo 160 centros de rehabilitación en Coahuila cumplen con la normativa sanitaria.
La revisión de los centros residenciales destinados a la atención de personas con adicciones en Coahuila permitió actualizar el número de establecimientos que realmente se encuentran en funcionamiento.
De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, un registro inicial contemplaba alrededor de 430 inmuebles, pero las verificaciones realizadas directamente en campo determinaron que únicamente 210 continúan operando con este giro.
De ese universo, entre 150 y 160 establecimientos han acreditado el cumplimiento total de las disposiciones sanitarias, mientras que el resto continúa dentro de un proceso de supervisión y regularización por parte de las autoridades.
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El subsecretario de Salud, Iván Moscoso, explicó que la diferencia entre el primer registro y el número actual de centros se debe principalmente a las visitas realizadas directamente en los domicilios identificados.
El listado inicial elaborado con información del Inegi contemplaba aproximadamente 430 inmuebles como posibles centros de rehabilitación. Sin embargo, durante el trabajo de campo se encontró que una parte de esos lugares ya no funcionaba, permanecía cerrada o abandonada, o había cambiado de actividad comercial.
Para determinar cuáles establecimientos realmente brindaban atención residencial a personas con problemas de adicciones, se desplegaron revisiones en coordinación con distintas instituciones. En estas acciones participaron personal de Salud y Regulación Sanitaria, corporaciones de Seguridad Pública, organismos de Derechos Humanos, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, además de autoridades municipales.
El resultado fue la identificación de 210 centros que actualmente prestan este tipo de servicio en territorio coahuilense.
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La Secretaría de Salud informó que entre 150 y 160 de los 210 establecimientos identificados ya fueron revisados formalmente y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa sanitaria.
Como parte de este proceso, las autoridades han realizado 338 visitas de supervisión, además de brindar asesoría a los responsables de los centros para avanzar en su regularización y operación conforme a las disposiciones vigentes.
El objetivo de estas inspecciones es verificar que los establecimientos cuenten con las condiciones necesarias para brindar atención residencial, tanto en materia sanitaria como en aspectos relacionados con la responsabilidad médica, atención psicológica e higiene.
Entre los requisitos se encuentra mantener visible el aviso de funcionamiento, contar con un médico responsable, ofrecer terapias psicológicas y garantizar condiciones adecuadas de limpieza y seguridad en áreas como dormitorios y comedores.
También existe una restricción específica respecto a la población atendida: los centros residenciales para personas con adicciones no deben albergar a menores de edad.
Aunque la supervisión ha permitido avanzar en la regularización de los establecimientos, las autoridades también han detectado lugares que operan sin autorización o que continúan prestando servicios pese a contar con una suspensión vigente.
Uno de los casos señalados por la Secretaría de Salud es el centro residencial Alegría de Vivir, establecimiento relacionado con el fallecimiento reciente de una persona que se encontraba internada. El inmueble había sido suspendido entre mayo y junio después de que durante una revisión se detectaran incumplimientos considerados de criterio mayor.
Posteriormente, una nueva inspección realizada con apoyo de elementos de Seguridad Pública permitió constatar que el establecimiento continuaba funcionando pese a la medida sanitaria y sin contar con autorización para operar.
Ante esta situación, las autoridades colocaron nuevamente sellos de clausura y turnaron el caso ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Salud mantiene así un proceso de revisión sobre los 210 centros detectados, con el propósito de distinguir aquellos que cumplen con las disposiciones de los que deberán corregir irregularidades o enfrentar medidas administrativas por operar fuera del marco establecido.
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