Proponen ampliar capacidad forense para investigar casos de maltrato animal en Coahuila.
La creación de una Fiscalía especializada en delitos contra los seres sintientes representa un avance importante para la protección animal en Coahuila; sin embargo, organizaciones dedicadas al rescate y defensa de animales consideran que aún existe un desafío clave para lograr investigaciones más efectivas: contar con peritos veterinarios forenses distribuidos en todas las regiones del estado.
La presidenta del Voluntariado ProAnimal A.C. en Piedras Negras, Irene Herrera Díaz, señaló que la incorporación de especialistas en medicina veterinaria forense permitiría integrar expedientes con mayor solidez técnica, facilitando que los casos de crueldad animal lleguen a los tribunales con pruebas científicas suficientes para sancionar a los responsables.
La activista reconoció la intención del Gobierno de Coahuila de fortalecer las instituciones encargadas de atender este tipo de delitos y de impulsar sanciones más severas contra quienes incurran en actos de violencia hacia los animales. No obstante, explicó que la falta de personal especializado continúa siendo una limitante importante para la procuración de justicia.
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Los especialistas en veterinaria forense cumplen una función similar a la de los médicos legistas en investigaciones relacionadas con personas. Su trabajo consiste en realizar necropsias, documentar lesiones, establecer las posibles causas de muerte de un animal y emitir dictámenes técnicos que puedan utilizarse como evidencia dentro de un proceso judicial.
De acuerdo con ProAnimal, actualmente este tipo de especialistas se concentran principalmente en Saltillo, mientras que otras regiones carecen de personal capacitado para atender casos de maltrato con valor pericial. Esta situación obliga a organizaciones civiles, rescatistas independientes y denunciantes a buscar apoyo de médicos veterinarios particulares.
Aunque muchos profesionistas cuentan con experiencia clínica, no todos poseen formación específica en medicina veterinaria forense, requisito indispensable para elaborar peritajes que cumplan con los lineamientos solicitados por el Ministerio Público durante una investigación penal.
La organización considera que disponer de al menos un perito por cada región permitiría atender con mayor rapidez las denuncias, preservar evidencia y reducir el riesgo de que los expedientes pierdan fuerza por falta de pruebas técnicas.
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La incorporación de especialistas podría traducirse en procedimientos más ágiles y mejor sustentados desde el inicio de cada investigación.
Según la propuesta planteada por ProAnimal, los peritos veterinarios tendrían la capacidad de intervenir desde los primeros momentos posteriores a una denuncia, documentando lesiones, recopilando evidencia científica y estableciendo conclusiones que respalden las carpetas de investigación.
Esta información facilitaría que las autoridades ministeriales integren expedientes completos y aumentaría las posibilidades de que los responsables enfrenten procesos judiciales con elementos suficientes para acreditar el delito.
La activista también señaló que el endurecimiento de las sanciones podría convertirse en un factor preventivo. Consideró que penas más estrictas, acompañadas de investigaciones profesionales, contribuirían a reducir la incidencia de estos delitos y enviarían un mensaje de mayor protección hacia los seres sintientes.
Añadió que casos recientes que han generado atención pública en Coahuila evidencian la importancia de fortalecer tanto la capacidad institucional como los mecanismos de investigación para responder con rapidez ante denuncias de violencia animal.
Además de impulsar la contratación de especialistas, las organizaciones civiles consideran necesario fortalecer la coordinación entre autoridades, rescatistas y profesionales de la medicina veterinaria.
Actualmente, asociaciones como ProAnimal suelen asumir gastos relacionados con atención médica, rescate, alimentación y, en algunos casos, la obtención de dictámenes veterinarios que permitan respaldar denuncias. Estas labores, afirman, representan una carga económica importante al tratarse de actividades que frecuentemente realizan con recursos limitados.
En este contexto, también se anunció que próximamente será integrado el Consejo de Protección Animal de Piedras Negras, organismo contemplado dentro de la reglamentación municipal y que buscará reunir a autoridades, asociaciones protectoras y médicos veterinarios para coordinar estrategias enfocadas en la prevención del maltrato, el bienestar animal y el fortalecimiento de las acciones institucionales.
Para las organizaciones dedicadas al rescate, la creación de este tipo de espacios representa una oportunidad para construir políticas públicas más integrales, donde la atención a los casos de crueldad animal no dependa únicamente de la denuncia ciudadana, sino también de una estructura técnica y profesional que permita investigar con rigor científico, proteger a los animales y garantizar que quienes cometan estos delitos enfrenten las consecuencias previstas por la ley.
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