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La propuesta fue presentada durante una sesión de la Diputación Permanente por la diputada Edith Hernández Sillas, quien planteó la necesidad de que la Secretaría del Bienestar intensifique las acciones informativas dirigidas a los beneficiarios para prevenir fraudes, abusos patrimoniales y otros delitos relacionados con el cobro de recursos públicos.
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De acuerdo con la legisladora, la problemática no solo representa una afectación económica para los adultos mayores, sino que también vulnera sus derechos y su calidad de vida, por lo que consideró indispensable ofrecer mecanismos de orientación y denuncia que permitan actuar con rapidez cuando se detecten irregularidades.
¿Por qué buscan reforzar la protección de las pensiones de los adultos mayores?
La iniciativa surge después de que autoridades legislativas conocieran diversos reportes relacionados con el presunto despojo de recursos económicos pertenecientes a beneficiarios de programas sociales y pensiones.
Como ejemplo, señaló que únicamente en el municipio de Frontera se han identificado 22 casos de esta naturaleza; sin embargo, advirtió que situaciones similares también se han presentado en otras regiones del estado, por lo que considera necesario ampliar las medidas preventivas.
La legisladora destacó que muchos adultos mayores desconocen cómo actuar cuando enfrentan este tipo de abusos, situación que dificulta la presentación de denuncias y la recuperación de los recursos.
¿Qué acciones propone el Congreso para prevenir estos abusos?
La propuesta contempla que la Secretaría del Bienestar fortalezca la difusión de información preventiva entre las personas beneficiarias y sus familias.
Entre las medidas planteadas se encuentra la entrega de orientación sobre los derechos de quienes reciben pensiones, así como formatos e información que faciliten la presentación de denuncias cuando existan indicios de fraude, robo o apropiación indebida de los recursos.
Asimismo, la diputada señaló que uno de los objetivos es que, una vez detectado un posible abuso, pueda solicitarse el bloqueo inmediato de la tarjeta bancaria donde se depositan los apoyos económicos para evitar que continúe el retiro del dinero por parte de terceros.
Además de la protección financiera, la intención es que las autoridades competentes puedan iniciar los procedimientos legales correspondientes contra quienes resulten responsables.
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¿Qué situaciones han reportado los ciudadanos?
Durante la exposición de la propuesta, Hernández Sillas explicó que ha recibido múltiples mensajes y solicitudes de apoyo por parte de ciudadanos que conocen casos donde personas adultas mayores presuntamente han sido víctimas de abuso económico.
Según indicó, gran parte de estos reportes llegan mediante redes sociales o de manera directa durante recorridos y actividades legislativas, donde familiares, vecinos o conocidos expresan su preocupación por adultos mayores cuyos recursos son administrados sin su consentimiento.
La legisladora comentó que uno de los problemas más frecuentes es el desconocimiento sobre las instancias responsables de atender este tipo de situaciones, lo que provoca que muchas víctimas no formalicen una denuncia o no reciban atención inmediata.
Finalmente, el exhorto busca que la Secretaría del Bienestar refuerce las campañas preventivas y de orientación, con el propósito de reducir los casos de despojo de pensiones en Coahuila y brindar mayores herramientas de protección a las personas adultas mayores, uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de delitos patrimoniales.