Observatorios Ciudadanos del Agua; la figura que busca reforzar la vigilancia hídrica en Coahuila.
La propuesta de una nueva Ley General de Aguas avanzó en el Senado y abrió paso a una figura que podría transformar la supervisión del recurso hídrico en el país: los Observatorios Ciudadanos del Agua, organismos planteados como aliados directos en la vigilancia, toma de decisiones y construcción de políticas públicas relacionadas con el sector.
La iniciativa, impulsada por senadores de Movimiento Ciudadano, surge en un momento crítico para México, donde la sobreexplotación de acuíferos ya afecta a diversas regiones, incluida Saltillo.
El planteamiento aparece en un contexto complicado: de los 653 acuíferos del país, 114 ya presentan sobreexplotación, según datos federales.
En la capital coahuilense, las fuentes que abastecen de agua potable también operan con niveles de estrés hídrico elevados, lo que enciende alertas sobre la necesidad de mayor vigilancia y transparencia.
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La iniciativa legislativa busca responder a esta situación incorporando participación ciudadana directa en las decisiones relacionadas con el manejo del vital recurso.
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que los observatorios deberán funcionar con total independencia.
Para garantizarlo, se prohíbe la participación de funcionarios de organismos operadores del agua o de personas con posibles conflictos de interés.
Estos comités deberán sesionar al menos cada seis meses y operar de manera autónoma, lo que permitirá que sus evaluaciones, reportes y recomendaciones se mantengan libres de injerencias gubernamentales.
Además de su papel como entes ciudadanos, los Observatorios tendrían facultades para vigilar, fiscalizar y documentar la administración del agua en cada región.
La iniciativa señala que podrán colaborar con las autoridades en inspecciones, monitorear riesgos ambientales, registrar infracciones y solicitar auditorías públicas sobre la operación del sistema hídrico.
Incluso se plantea que participen como testigos sociales en procedimientos de contratación de obra pública relacionada con infraestructura de agua y saneamiento.
Estas atribuciones buscan asegurar que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre la gestión del recurso, así como fortalecer la rendición de cuentas en un sector históricamente marcado por la falta de transparencia.
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