Coahuila busca visibilizar a mujeres cuidadoras y plantea acciones para respaldarlas desde el Congreso del Estado.
En Coahuila, el papel de miles de mujeres que dedican su vida al cuidado de familiares comienza a ganar mayor atención en la agenda pública.
Desde el Congreso del Estado, la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo promovió un exhorto para que autoridades federales, estatales y municipales impulsen un programa integral enfocado en reconocer y respaldar a las llamadas “cuidadoras primarias”.
Esta iniciativa pone sobre la mesa una realidad que durante años ha permanecido invisibilizada: el trabajo no remunerado de quienes atienden a personas enfermas, adultos mayores o personas con discapacidad, una labor que, en la mayoría de los casos, recae en mujeres.
El planteamiento busca que el Sistema Nacional DIF, en coordinación con instancias locales, diseñe estrategias concretas que mejoren las condiciones de vida de este sector, considerado fundamental para el tejido social.
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Las cuidadoras primarias son personas que asumen la responsabilidad total del cuidado de un familiar dependiente, sin recibir un salario ni contar con prestaciones laborales. En la práctica, se trata de una labor permanente que implica atención médica básica, acompañamiento emocional, administración del hogar y toma de decisiones.
De acuerdo con estadísticas del INEGI, alrededor de 31.7 millones de personas realizan labores de cuidado, y cerca del 75% son mujeres. Esto evidencia una carga desigual que impacta directamente en su desarrollo personal y profesional.
Además, muchas de estas mujeres permanecen fuera del mercado laboral debido a la falta de redes de apoyo, lo que limita sus oportunidades económicas y perpetúa condiciones de dependencia. Su trabajo, aunque esencial, suele ser invisible y poco valorado.
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La propuesta legislativa responde a la necesidad de atender una problemática estructural. El trabajo de cuidados no remunerado representa más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto en México, superando incluso a sectores formales de la economía, lo que refleja su enorme impacto.
Sin embargo, pese a su relevancia, las cuidadoras enfrentan desgaste físico, emocional y económico sin acceso a servicios de apoyo, capacitación o atención especializada. Esta situación se agrava cuando no existen políticas públicas claras que distribuyan la responsabilidad del cuidado entre el Estado, la comunidad y las familias.
Por ello, la iniciativa busca no solo reconocer su labor, sino también generar mecanismos que reduzcan su carga, como apoyos económicos, servicios de respiro, atención psicológica y capacitación.
Dar visibilidad institucional a las cuidadoras podría transformar la manera en que se entiende el sistema de cuidados en México. Más allá de un acto simbólico, implicaría avanzar hacia políticas públicas que garanticen derechos, acceso a servicios y mejores condiciones de vida.
Especialistas coinciden en que invertir en este sector no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia de desarrollo económico.
El llamado desde el Congreso de Coahuila se suma a una discusión nacional más amplia sobre la construcción de un sistema de cuidados sólido, donde el bienestar de quienes cuidan sea una prioridad.
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