Miguel Riquelme, senador coahuilense propone blindaje para militares retirados ante riesgos del crimen organizado en México.
En medio del contexto de violencia que enfrenta México, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís presentó una iniciativa legislativa que busca brindar protección a militares en retiro que puedan estar en riesgo tras haber participado en operativos de alto impacto contra el crimen organizado.
El legislador, integrante del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que las amenazas hacia integrantes de las Fuerzas Armadas no desaparecen al concluir su servicio activo, sino que en muchos casos persisten debido a su participación en acciones estratégicas para la seguridad nacional.
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La propuesta surge en un escenario donde la violencia vinculada al crimen organizado ha cobrado la vida de más de 800 elementos militares en distintos enfrentamientos, ataques directos y emboscadas.
Esta cifra refleja el nivel de riesgo al que están expuestos quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, incluso después de haber dejado el servicio activo.
De acuerdo con el senador, existen antecedentes que evidencian cómo grupos delictivos mantienen identificados a ciertos mandos militares, convirtiéndolos en objetivos potenciales aun fuera de funciones. Esta situación no solo pone en peligro a los exmilitares, sino también a sus familias, generando un problema de seguridad que trasciende el ámbito institucional.
El planteamiento reconoce que la lucha contra la delincuencia organizada no termina cuando los elementos se retiran, ya que las estructuras criminales continúan operando y pueden buscar represalias contra quienes participaron en operativos relevantes.
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La propuesta legislativa contempla modificar la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas mediante la incorporación de nuevas disposiciones que permitan otorgar protección personal a militares retirados en situaciones de riesgo.
Entre los puntos clave, se plantea la creación de un mecanismo institucional que evalúe cada caso de manera técnica, con el respaldo de dependencias competentes en materia de seguridad. La protección no sería automática ni permanente, sino que se otorgaría de forma excepcional, dependiendo del nivel de amenaza identificado.
Asimismo, el proyecto incluye la adición de un nuevo capítulo enfocado en servicios de seguridad personal, estableciendo criterios claros para acceder a este beneficio. También se contemplan limitaciones específicas, como la negativa o cancelación del apoyo en caso de que el solicitante cuente con antecedentes penales graves o haya incurrido en faltas relevantes.
Con ello, se busca evitar que este esquema se convierta en un privilegio indebido, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y bajo lineamientos estrictos.
El senador subrayó que garantizar la protección de militares en retiro no debe entenderse como un beneficio adicional, sino como una obligación del Estado mexicano.
Esto se debe a que las amenazas contra personal militar, incluso fuera de servicio, pueden afectar la estabilidad institucional y debilitar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
Cuando los mandos o elementos que han participado en operativos clave se convierten en blancos del crimen organizado, se genera un efecto que puede inhibir futuras acciones estratégicas o afectar la moral dentro de las instituciones. Por ello, brindarles protección también contribuye a fortalecer la seguridad interior del país.
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