Madres buscadoras: proponen en Coahuila programa nacional de apoyo, seguridad y herramientas de rastreo.
La creación de un programa nacional para respaldar a las familias que buscan a personas desaparecidas fue planteada por la diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, mediante un Punto de Acuerdo dirigido a distintas instituciones del Gobierno federal.
La propuesta busca establecer mecanismos de asistencia económica, protección durante los rastreos y coordinación especializada para fortalecer las labores de búsqueda en México.
La iniciativa está dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob), el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a quienes se exhorta a diseñar e implementar un esquema emergente de atención integral para colectivos civiles y madres buscadoras.
El planteamiento parte de la necesidad de que las familias puedan participar en la localización de sus seres queridos sin que la falta de recursos, las condiciones de riesgo o las dificultades para acceder a información forense se conviertan en obstáculos adicionales.
Martínez García señaló que las personas buscadoras deben intervenir directamente en la planeación, ejecución y evaluación de las acciones institucionales. También hizo referencia a las obligaciones establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, particularmente en lo relacionado con los recursos necesarios para realizar búsquedas efectivas.
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Uno de los componentes centrales de la propuesta consiste en otorgar subsidios directos y materiales a los colectivos que participan en las jornadas de rastreo. La intención es que puedan adquirir herramientas de excavación, equipos tecnológicos de geolocalización y cubrir gastos de transporte para trasladarse a los lugares donde se presume que podrían encontrar indicios sobre personas desaparecidas.
Estos recursos buscan disminuir la carga económica que enfrentan las familias, muchas de las cuales destinan dinero propio para mantener las labores de búsqueda. De acuerdo con el planteamiento, el respaldo institucional permitiría que los costos de las jornadas no representen una barrera para continuar con sus actividades.
La legisladora también propone incorporar medidas de atención a la salud y apoyo para el sustento familiar de quienes participan en estas tareas. Con ello, el programa no se limitaría a proporcionar herramientas de trabajo, sino que contemplaría necesidades relacionadas con el bienestar de las personas buscadoras.
La iniciativa toma como referencia el artículo 137 de la legislación general, que contempla la participación de las familias y la provisión de recursos materiales para las labores de búsqueda, así como el artículo 49, relativo a la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para desarrollar estas acciones.
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La propuesta incluye medidas específicas para reforzar la seguridad de las personas que acuden a terrenos, zonas rurales y otros sitios donde realizan búsquedas. El objetivo es que los colectivos puedan desarrollar sus actividades con mayores garantías ante las amenazas y los riesgos que pueden enfrentar.
Entre las acciones planteadas se encuentra la aplicación de las disposiciones del artículo 138 de la ley correspondiente, así como el despliegue permanente de elementos de la Guardia Nacional y de corporaciones policiales estatales durante las jornadas realizadas en lugares considerados de alto riesgo.
La propuesta busca que las medidas de protección se adapten a las condiciones de cada región y que la seguridad forme parte de la planeación de los operativos, en lugar de atenderse únicamente cuando surge una situación de peligro.
No obstante, al tratarse de un Punto de Acuerdo, las medidas descritas forman parte de una propuesta para exhortar a las autoridades. Su presentación no significa que los subsidios, los despliegues de seguridad o los demás apoyos ya estén en operación.
Otro de los ejes planteados es mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de las búsquedas y los servicios forenses. Para ello, la iniciativa propone instalar mesas técnicas regionales bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR).
Estos espacios servirían para organizar estrategias de muestreo genético y facilitar la comparación de los hallazgos realizados por los colectivos con los registros disponibles en la Base Nacional de Datos Forenses y la Plataforma Única de Identidad.
La finalidad sería mejorar el intercambio de información y contribuir a que los indicios localizados durante las jornadas puedan ser analizados y cotejados con datos de personas desaparecidas. Una coordinación más estrecha también permitiría vincular las labores de campo con los procedimientos técnicos necesarios para la identificación.
Martínez García plantea que el programa tenga alcance nacional, involucre a los tres órdenes de gobierno y otorgue prioridad a los estados y regiones con mayores índices de desaparición.
Con esta iniciativa, la legisladora propone concentrar en una estrategia común los apoyos económicos, las medidas de protección y la colaboración forense. El siguiente paso dependerá de la atención que las instituciones destinatarias den al exhorto y de las acciones que, en su caso, se definan para convertir los planteamientos en mecanismos concretos de apoyo para las familias buscadoras.
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