INE: diputado de Coahuila pide investigar presuntas irregularidades y revisar contratos con proveedores.
El diputado local Gerardo Abraham Aguado Gómez, junto con integrantes del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional (PAN), promovió un punto de acuerdo para solicitar que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
La propuesta busca que el Congreso de Coahuila exhorte al Órgano Interno de Control (OIC) del instituto y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar los señalamientos, determinar si existen elementos para acreditar posibles faltas y, en su caso, establecer responsabilidades para los funcionarios o particulares involucrados.
El planteamiento surge a partir de investigaciones periodísticas que mencionan posibles vínculos entre la entonces presidenta del organismo electoral, empresarios relacionados con compañías proveedoras y algunos colaboradores del instituto.
Aguado Gómez sostuvo que la salida de una persona de un cargo público no debe impedir que se esclarezcan hechos que pudieran representar irregularidades administrativas o en el manejo de recursos.
El legislador insistió en que las acusaciones deben someterse a una revisión independiente y sustentarse en pruebas, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas señaladas.
El punto de acuerdo presentado por Aguado Gómez plantea que las autoridades fiscalizadoras revisen los señalamientos relacionados con contratos, posibles conflictos de interés y eventuales movimientos irregulares de recursos durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Entre los aspectos que el legislador considera necesario esclarecer se encuentran las personas que autorizaron los contratos, la intervención de servidores públicos, los posibles beneficios obtenidos por particulares y la existencia de mecanismos que pudieran haber permitido irregularidades.
La proposición también retoma reportes periodísticos que señalan una presunta relación cercana entre la exconsejera presidenta y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con compañías proveedoras del INE, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg.
Asimismo, se mencionan posibles conexiones entre integrantes del organismo electoral y dichas empresas, además de videos difundidos públicamente sobre encuentros privados con uno de los contratistas. Estos elementos forman parte de los señalamientos citados por el legislador, pero no constituyen por sí mismos una acreditación de actos ilícitos.
Aguado Gómez afirmó que corresponde a las instancias competentes determinar, mediante documentos, pruebas y procedimientos legales, si existieron conductas contrarias a la normativa.
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La iniciativa solicita que el Congreso estatal exhorte al Órgano Interno de Control del INE y a la Auditoría Superior de la Federación para que actúen dentro de sus respectivas atribuciones.
Según explicó el diputado, el marco legal electoral contempla facultades del órgano de control para conocer de posibles infracciones administrativas relacionadas con la Presidencia y las consejerías del instituto. Por ello, considera que los señalamientos deben revisarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
La intención es que las investigaciones permitan establecer si hubo participación de servidores públicos o proveedores, si los procedimientos de contratación se realizaron conforme a las reglas aplicables y si existen elementos para determinar responsabilidades.
El legislador también cuestionó por qué los controles internos no habrían detectado oportunamente las posibles anomalías mencionadas en las investigaciones periodísticas. A su juicio, la revisión debe abarcar tanto las conductas individuales como el funcionamiento de los mecanismos de supervisión.
No obstante, la presentación del punto de acuerdo representa una solicitud de investigación y no confirma que las autoridades hayan acreditado irregularidades o impuesto sanciones relacionadas con los hechos descritos.
Aguado Gómez sostuvo que el asunto tiene implicaciones que van más allá de la actuación de una sola funcionaria, debido a que el INE es la institución encargada de organizar las elecciones federales. En ese sentido, afirmó que las dudas sobre su administración pueden repercutir en la percepción pública de imparcialidad y transparencia.
El diputado relacionó la necesidad de esclarecer los señalamientos con la preparación de los procesos electorales de 2027. Desde su perspectiva, la revisión de posibles irregularidades y la aplicación de medidas correctivas contribuirían a fortalecer la confianza en el organismo y a proteger su independencia frente al gobierno y los partidos políticos.
Además de solicitar que se determinen eventuales responsabilidades, el legislador planteó que las autoridades identifiquen qué cambios serían necesarios para prevenir situaciones similares en el futuro. Entre las preguntas que, a su juicio, deben responderse están la eficacia de los controles internos, la participación de los proveedores y las sanciones que corresponderían si se acreditan faltas.
La propuesta insiste en que cualquier conclusión debe derivarse de una investigación sustentada en evidencia y respetuosa del debido proceso. Si las acusaciones no se confirman, señaló el diputado, esa conclusión también debe quedar respaldada por documentación.
De esta manera, el punto de acuerdo busca impulsar una revisión institucional sobre los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei. El resultado de las investigaciones, en caso de realizarse, será determinante para establecer si hubo irregularidades, quiénes pudieron intervenir y qué medidas legales o administrativas corresponderían.
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