Vinculan a proceso a ocho investigados por presunta red de huachicol fiscal con operaciones en Saltillo.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas presuntamente relacionadas con una estructura dedicada al contrabando de combustibles y a operaciones de huachicol fiscal que habría tenido actividades en Saltillo y otras regiones del país.
Como parte de las medidas cautelares determinadas por un juez federal, dos de los imputados enfrentarán el proceso penal bajo arresto domiciliario, mientras continúan las investigaciones.
La resolución judicial se dio luego de que el Ministerio Público Federal presentara los primeros elementos de prueba derivados de una investigación catalogada como de alta complejidad, en la que se analizan presuntas irregularidades en la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos provenientes del extranjero.
De acuerdo con la autoridad federal, las pesquisas permitieron establecer indicios sobre una presunta red que habría generado importantes afectaciones económicas al erario mediante la alteración de información relacionada con el ingreso de combustibles al territorio nacional.
Las detenciones ocurrieron durante un operativo coordinado con distintas instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizado en el contexto del cumplimiento de una orden judicial vinculada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.
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La investigación de la FGR señala que el esquema consistía en importar combustible adquirido en Texas para posteriormente declarar ante las autoridades aduaneras un volumen inferior al realmente ingresado al país.
Con esta práctica, los involucrados presuntamente reducían el pago de impuestos correspondientes a la importación de hidrocarburos, generando un perjuicio económico para la Hacienda Pública.
Según la información presentada ante el juez, el caso involucra la supuesta subdeclaración de aproximadamente dos mil millones de litros de combustibles, situación que habría provocado un daño patrimonial superior a los 166 millones de pesos.
Las autoridades federales consideran que este tipo de operaciones no solo representan evasión fiscal, sino que también favorecen mercados ilegales relacionados con la comercialización de productos derivados del petróleo.
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Los ocho señalados fueron vinculados por distintos delitos, dependiendo del grado de participación que les atribuye la autoridad investigadora.
Entre las acusaciones figuran delincuencia organizada, contrabando y delitos previstos en la legislación relacionada con hidrocarburos.
La FGR informó que Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” enfrentan cargos por los tres delitos antes mencionados, mientras que Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando.
En tanto, José María “N”, Guillermo “N”, quienes fueron objeto de cateos en Saltillo y Adriana “N” enfrentan imputaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró suficientes los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público para iniciar formalmente el proceso penal contra los ocho involucrados.
Tras la vinculación a proceso, la autoridad judicial determinó las medidas cautelares que deberán cumplir los imputados mientras continúa la investigación complementaria.
En el caso de dos de los señalados, el juez autorizó que permanezcan bajo arresto domiciliario, medida que implica permanecer en sus viviendas bajo supervisión y con restricciones establecidas por la autoridad judicial.
El resto de los involucrados continuará sujeto a las condiciones procesales definidas por el órgano jurisdiccional, mientras la Fiscalía reúne mayores elementos para fortalecer la carpeta de investigación.
La FGR destacó que este caso forma parte de las acciones emprendidas para combatir las redes dedicadas al denominado huachicol fiscal, una modalidad delictiva que, además de representar pérdidas millonarias para las finanzas públicas, puede convertirse en una fuente de recursos para organizaciones criminales.
La institución reiteró que continuará desarrollando las investigaciones para esclarecer completamente la operación de esta presunta red, identificar posibles responsabilidades adicionales y determinar el alcance de las actividades relacionadas con la importación irregular de combustibles en distintas entidades del país, entre ellas Coahuila.
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