Muchas ocasiones son los familiares quienes deciden a qué hospital llevar al paciente, lo que puede retrasar la atención adecuada.
En Coahuila, tanto hospitales públicos como privados están obligados a brindar atención médica inmediata en casos de urgencias que representen un riesgo para la vida.
Así lo establece una normativa federal vigente desde 2013, emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual aplica en todo el país sin distinción del tipo de institución.
De acuerdo con autoridades de salud en la entidad, esta disposición obliga a que cualquier persona que llegue en condición crítica, también conocida como “código rojo”, reciba atención primaria, independientemente de su situación económica o si cuenta con afiliación al IMSS o ISSSTE.
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El titular de los servicios de salud estatales, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, explicó que la prioridad en estos casos es preservar la vida del paciente. Por ello, los hospitales no pueden negarse a estabilizar a una persona en riesgo, incluso si posteriormente debe ser trasladada a otra institución para continuar su tratamiento.
Sin embargo, se ha detectado que algunos hospitales privados han incumplido esta obligación. Ante ello, la Secretaría de Salud ha emitido al menos tres apercibimientos a clínicas que rechazaron atender emergencias, lo que podría derivar en sanciones si persiste esta práctica.
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La normativa también establece lineamientos para los servicios de emergencia. Los paramédicos deben trasladar a los pacientes en estado crítico al hospital más cercano, con el objetivo de reducir riesgos y asegurar una atención oportuna.
No obstante, en la práctica, en muchas ocasiones son los familiares quienes deciden a qué hospital llevar al paciente, lo que puede retrasar la atención adecuada. Según explicó el funcionario, cuando no hay acompañantes, el protocolo indica que el traslado debe realizarse al nosocomio más cercano para estabilizar al afectado.
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Negarse a brindar atención en una emergencia puede representar una violación a la normativa sanitaria federal. Por ello, las autoridades han iniciado diálogos con directivos de hospitales para reforzar el cumplimiento de estas disposiciones y evitar afectaciones a la población.
Además, algunas quejas han sido presentadas ante organismos de derechos humanos, lo que refleja la importancia de garantizar el acceso a la atención médica en situaciones críticas.
