Fosas clandestinas en Coahuila: falta información sobre los hallazgos registrados por la FGR en 2025.
La cantidad de fosas clandestinas localizadas en México durante 2025 continúa siendo una cifra difícil de establecer debido a las diferencias entre los registros de las autoridades federales y estatales. En Coahuila, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el descubrimiento de tres sitios de inhumación ilegal en San Juan de Sabinas, aunque la Fiscalía General del Estado no proporcionó información para conocer sus propios registros sobre estos casos.
La situación fue expuesta en el informe ¿Cuántas fosas clandestinas se encontraron realmente en México durante 2025? Lo que sabemos y los límites de lo que podemos conocer, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Artículo 19 y Data Cívica.
El documento advierte que la información disponible presenta diferencias importantes dependiendo de la institución consultada. Mientras la FGR informó sobre 32 fosas clandestinas distribuidas en seis entidades, las respuestas obtenidas de las fiscalías estatales permitieron identificar 651 sitios en 16 estados del país.
En el caso coahuilense, la falta de respuesta de la autoridad estatal dejó pendiente conocer el número de hallazgos que la institución registró directamente durante el año pasado. Según el informe, la Fiscalía local solicitó una ampliación del plazo para atender la petición de información, pero no contestó una vez concluido ese periodo.
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Los registros de la Fiscalía General de la República identificaron tres fosas clandestinas en el municipio de San Juan de Sabinas, en la Región Carbonífera de Coahuila. Estos hallazgos forman parte de los 32 sitios que la institución federal reportó en seis entidades durante 2025.
De acuerdo con los datos citados en el informe, Tamaulipas encabezó la lista federal con 15 fosas, equivalentes al 46.9 por ciento del total. Catorce fueron ubicadas en Matamoros y una más en Llera.
Jalisco ocupó el segundo lugar, con seis sitios localizados en Teuchitlán, mientras que Guerrero acumuló cinco: cuatro en Acapulco de Juárez y uno en Taxco de Alarcón. El resto de los registros correspondió a Coahuila, con tres fosas en San Juan de Sabinas; Michoacán, con dos en Tacámbaro, e Hidalgo, con una en Tenango de Doria.
Sin embargo, estas cifras no permiten establecer por sí solas el número total de fosas clandestinas existentes en el país. El propio documento señala que los registros federales difieren considerablemente de los datos proporcionados por las fiscalías de las entidades.
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La principal diferencia identificada por las organizaciones está en la cantidad de hallazgos reportados por cada nivel de autoridad. Frente a las 32 fosas contabilizadas por la FGR, las respuestas de las fiscalías estatales permitieron documentar 651 en 16 entidades.
Esta variación evidencia las dificultades para construir una base de datos nacional completa y comparable. La información incompleta, las respuestas omitidas y las distintas condiciones de acceso a los registros impiden conocer con precisión la dimensión del problema.
Coahuila forma parte de las entidades donde la información quedó pendiente, debido a que su Fiscalía General no respondió la solicitud de transparencia después de pedir una prórroga. Por ello, no fue posible contrastar los tres sitios señalados por la autoridad federal con los registros propios de la institución estatal.
El informe también documentó obstáculos en otros estados. En Baja California, los datos fueron reservados durante cinco años; Nayarit no respondió la petición y, en Hidalgo, la solicitud concluyó con una resolución de incompetencia.
Estas circunstancias dificultan la verificación de los hallazgos y el seguimiento de las investigaciones. También impiden determinar si las diferencias entre los registros responden a criterios distintos de recopilación, a información que no fue entregada o a otros factores que el documento no permite precisar.
La ausencia de registros accesibles y completos representa un obstáculo adicional para las familias que buscan a personas desaparecidas. El informe señala que, ante la falta de búsquedas efectivas en vida y de investigaciones suficientes, familiares y colectivos terminan realizando labores de localización en terrenos donde podrían existir sitios de inhumación clandestina.
Estas actividades no se limitan a recorrer predios o participar en excavaciones. Las familias también acuden a fosas comunes y servicios médicos forenses para intentar encontrar e identificar a sus seres queridos, una tarea que se vuelve más complicada cuando las instituciones no comparten información homologada.
Para las organizaciones responsables del estudio, contar con datos verificables y comparables resulta indispensable para dimensionar el fenómeno y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con las desapariciones.
En Coahuila, la falta de respuesta de la Fiscalía estatal dejó sin aclarar cuántos sitios de este tipo registró directamente durante 2025, más allá de los tres reportados por la FGR en San Juan de Sabinas.
El informe pone de relieve la necesidad de mejorar la transparencia y la disponibilidad de los registros oficiales. Sin información suficiente, resulta más difícil conocer el alcance de los hallazgos, contrastar los datos de las distintas autoridades y proporcionar a las familias buscadoras elementos que contribuyan a la localización de sus seres queridos.
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