Además se promueve el uso de la denuncia anónima, una herramienta clave para que familiares o vecinos puedan alertar sobre situaciones de riesgo.
Ante la detección de casos graves de violencia sexual y relaciones impropias que afectan principalmente a niñas y adolescentes en comunidades rurales, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila puso en marcha una estrategia de atención directa en ejidos del estado.
La iniciativa contempla la instalación de mesas de denuncia y una campaña informativa enfocada en visibilizar y frenar prácticas que, por usos y costumbres, han sido normalizadas en algunas regiones.
La titular de la dependencia, Katy Salinas Pérez, informó que durante el año pasado se atendieron al menos 10 casos de abuso sexual contra niñas que mantenían relaciones de pareja con adultos, algunos de ellos con consecuencias tan graves como embarazos en menores de edad.
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Salinas Pérez señaló que uno de los principales objetivos de esta estrategia es romper el silencio que rodea a la violencia sexual y familiar en comunidades rurales.
En muchos ejidos, prácticas como relaciones entre adultos y menores o incluso casos de incesto se perciben erróneamente como algo “normal”, lo que impide que se identifiquen como delitos.
La fiscal recordó el caso de tres hermanas trillizas de 13 años, en una comunidad de la Región Laguna, que sostenían relaciones con hombres de entre 50 y 60 años y resultaron embarazadas.
“Lo que acordamos es acudir a zonas de ejidos donde este tipo de situaciones no se identifican como indebidas, cuando en realidad son delitos graves”, subrayó.
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Las mesas de denuncia se instalan directamente en comunidades ejidales y permiten que mujeres, niñas y personas cercanas a las víctimas puedan acercarse a personal especializado sin necesidad de trasladarse a una cabecera municipal.
En estos espacios se brinda orientación, se reciben denuncias formales y se canalizan los casos a las áreas correspondientes para su seguimiento legal y de protección.
Además, se promueve el uso de la denuncia anónima, una herramienta clave para que familiares o vecinos puedan alertar sobre situaciones de riesgo sin exponerse al señalamiento social, una de las principales barreras para denunciar en comunidades pequeñas.
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La estrategia se enfoca principalmente en casos de abuso sexual infantil, relaciones entre adultos y menores, violencia intrafamiliar e incesto. Salinas Pérez enfatizó que, aunque la ley protege a las menores incluso en decisiones relacionadas con el embarazo, lo prioritario es rescatarlas de contextos de violencia y garantizar su seguridad.
En los casos detectados, las niñas han sido puestas bajo resguardo y acompañamiento institucional, con atención médica, psicológica y legal.
Organizaciones civiles como la Fundación Luz y Esperanza AC han documentado que en ejidos de Saltillo y Arteaga persiste una fuerte resistencia a denunciar. El temor a “que el pueblo se entere”, al juicio social y a las represalias provoca que muchas mujeres y niñas guarden silencio durante años.
La combinación de machismo, cercanía comunitaria y falta de privacidad perpetúa la violencia. Por ello, tanto autoridades como asociaciones coinciden en que llevar la atención directamente a las comunidades es una medida clave para generar confianza y romper el ciclo de abuso.
