FGE de Coahuila mantiene investigaciones sobre posibles nexos del Partido del Trabajo (PT) con grupos delictivos.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con posibles vínculos entre integrantes del Partido del Trabajo (PT) y grupos de la delincuencia organizada, confirmó el fiscal general Federico Fernández Montañez.
Las indagatorias, de acuerdo con lo señalado por el funcionario, involucran a personas relacionadas con el ámbito político, entre ellas legisladores federales y un diputado local. Sin embargo, hasta el momento la autoridad no ha informado que exista una resolución judicial que determine responsabilidad penal contra los funcionarios mencionados.
El tema tomó relevancia luego de que el legislador federal Ricardo Mejía Berdeja difundiera cuestionamientos relacionados con la actuación de las autoridades estatales en materia de seguridad. Ante esas declaraciones, el fiscal respondió que las investigaciones continúan y cuestionó el uso político de asuntos relacionados con hechos violentos.
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Federico Fernández Montañez confirmó que existen carpetas de investigación relacionadas con posibles nexos de integrantes del PT con organizaciones delictivas. Entre las personas mencionadas dentro de las líneas de investigación se encuentran legisladores federales y un diputado local, aunque la Fiscalía no ha presentado públicamente conclusiones que permitan atribuirles una responsabilidad criminal.
El fiscal enfatizó que una investigación abierta no equivale a una acusación definitiva ni a una sentencia. Por ello, cualquier señalamiento deberá sustentarse mediante las pruebas correspondientes y, en su caso, ser llevado ante las autoridades judiciales competentes.
Uno de los antecedentes relacionados con estas indagatorias corresponde a detenciones efectuadas meses atrás en la Región Carbonífera. En aquel operativo fueron asegurados trabajadores que presuntamente tenían relación con una empresa vinculada al diputado local Antonio Flores Guerra.
Las personas detenidas habrían sido investigadas por una posible actividad de vigilancia para organizaciones criminales, conocida comúnmente como “halconeo”. Las autoridades habrían relacionado esa conducta con el Cártel del Noreste, aunque estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad contra el legislador.
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Las declaraciones del fiscal se produjeron después de que Ricardo Mejía Berdeja utilizara sus plataformas digitales para cuestionar asuntos relacionados con la seguridad en Coahuila.
Fernández Montañez sostuvo que el exfuncionario federal y actual legislador está politizando un tema particularmente delicado para el estado, especialmente después de un hecho violento que dejó víctimas y afectó a sus familias.
El titular de la Fiscalía también recordó que Mejía Berdeja ocupó anteriormente un cargo federal relacionado con la seguridad pública, por lo que cuestionó los resultados de su gestión y consideró que sus actuales pronunciamientos no deberían convertirse en una disputa política.
El funcionario estatal insistió en que las investigaciones deben continuar por las vías institucionales y con base en elementos objetivos, independientemente de la filiación política de las personas involucradas.
Hasta ahora, la Fiscalía de Coahuila no ha informado públicamente que los legisladores señalados hayan sido imputados o declarados penalmente responsables por algún delito relacionado con la delincuencia organizada.
Este punto resulta relevante debido a que las indagatorias se encuentran en desarrollo y las autoridades todavía deben determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades individuales.
Otro antecedente que ha sido relacionado públicamente con el entorno político de Mejía Berdeja es el asesinato de Salvador Llamas Urbina, ocurrido en 2022 dentro de un restaurante de Guadalajara.
Llamas Urbina había sido funcionario municipal de Puerto Vallarta y consejero nacional de Morena, además de haber participado en actividades políticas vinculadas con Mejía Berdeja durante el periodo en que éste ocupaba un cargo federal.
No obstante, este antecedente tampoco representa por sí mismo una prueba de responsabilidad penal de los actores políticos mencionados en las investigaciones actuales.
La Fiscalía estatal deberá determinar, conforme avancen las diligencias, si existen elementos que permitan acreditar alguna conducta ilícita, identificar a los responsables y establecer la posible relación entre los hechos investigados.
Mientras eso ocurre, los señalamientos contra integrantes del PT permanecen en el ámbito de las investigaciones ministeriales, sin que exista hasta ahora una resolución judicial pública que confirme los presuntos vínculos delictivos.
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