Esto significa que, antes de validar una candidatura para las elecciones en Coahuila, las autoridades verificarán que los aspirantes no se encuentren en registros oficiales de personas sancionadas.
En un paso significativo hacia procesos electorales más justos y transparentes, el estado de Coahuila formalizó un acuerdo que impedirá a personas con antecedentes de violencia o incumplimiento de obligaciones alimentarias participar como candidatas en las elecciones de 2026.
La medida surge de la colaboración entre autoridades electorales y judiciales, en respuesta a una creciente exigencia social por perfiles íntegros en la vida pública.
El convenio fue firmado por el Instituto Electoral de Coahuila, el Poder Judicial de Coahuila y el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, quienes establecieron mecanismos para garantizar que quienes aspiren a un cargo público no cuenten con antecedentes de violencia.
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La disposición establece que ninguna persona con sentencia firme por delitos relacionados con violencia familiar, agresiones sexuales, violencia política de género o incumplimiento de pensión alimenticia podrá contender por un cargo de elección popular.
Esto significa que, antes de validar una candidatura, las autoridades verificarán que los aspirantes no se encuentren en registros oficiales de personas sancionadas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el proceso electoral.
La medida responde a una demanda social clara: evitar que personas con antecedentes de violencia representen a la ciudadanía. En palabras del magistrado Miguel Mery Ayup, se trata de colocar en el centro el derecho de mujeres, niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia.
Actualmente, el estado cuenta con herramientas como el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, que en 2025 contabilizaba más de mil 500 casos, así como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con más de 300 personas inscritas.
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El convenio establece que el Poder Judicial será el encargado de informar a las autoridades electorales si algún aspirante se encuentra en los supuestos de restricción. Esta coordinación permitirá que el proceso de validación de candidaturas sea más riguroso y transparente.
Además, esta medida se alinea con el principio constitucional conocido como “3 de 3 contra la violencia”, el cual ha evolucionado en Coahuila hacia un modelo más amplio que incluye múltiples supuestos de protección.
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Autoridades electorales señalaron que esta decisión busca fortalecer la democracia paritaria y garantizar que quienes lleguen a cargos públicos sean personas con responsabilidad social y ética.
La magistrada Karla Verónica Félix Neira destacó que la ciudadanía también juega un papel clave al exigir perfiles íntegros, mientras que el consejero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes subrayó que este tipo de acciones ayudan a evitar que la violencia se replique en los espacios de poder.
