La diputada coahuilense propuso establecer castigos ejemplares para empresas involucradas, que van desde la suspensión de actividades hasta por diez años.
La diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para incorporar el ecocidio como delito en el Código Penal Federal, con penas de hasta 30 años de prisión para quienes provoquen daños graves, extensos o irreversibles a los ecosistemas y la biodiversidad.
La propuesta surge ante problemas como la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua y otras afectaciones ambientales que, de acuerdo con la legisladora, pueden quedar únicamente en sanciones administrativas.
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La iniciativa plantea adicionar el artículo 416 Bis al Código Penal Federal para definir el delito de ecocidio y establecer sus alcances. Las sanciones propuestas serían de 15 a 30 años de prisión, además de multas de cinco mil a 50 mil días y la obligación de reparar integralmente el daño ocasionado.
La propuesta contempla que las penas puedan incrementarse hasta en una mitad cuando las afectaciones ocurran en áreas naturales protegidas, sitios Ramsar o reservas de la biosfera, involucren especies en peligro de extinción o comprometan el suministro de agua para consumo humano.
También se considera como agravante que el ecocidio sea cometido por servidores públicos.
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El proyecto también contempla sanciones para las personas morales utilizadas para cometer este tipo de ilícitos. Entre las medidas propuestas se encuentran la suspensión de actividades hasta por 10 años, la clausura definitiva, la prohibición de operar y la cancelación de concesiones.
En determinados casos, incluso podría plantearse la disolución de la empresa cuando esta haya sido utilizada para la comisión del delito.
De esta manera, la iniciativa busca que la responsabilidad no se limite a las personas físicas que participen directamente en una conducta, sino que también pueda alcanzar a las estructuras empresariales involucradas.
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Otro de los puntos centrales de la propuesta es la reparación integral del daño ambiental. El planteamiento contempla acciones de restauración, remediación y compensación, además del pago de los daños ocasionados.
La iniciativa establece que estas obligaciones sean imprescriptibles mientras continúen los efectos negativos sobre los ecosistemas, con el objetivo de que la responsabilidad de reparar el daño no desaparezca simplemente por el paso del tiempo.
Martínez García señaló que el artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano. Desde su perspectiva, la protección de ese derecho requiere mecanismos que permitan sancionar penalmente las afectaciones ambientales de mayor gravedad.
