Crece registro de Deudores Alimentarios en Coahuila con más de 260 personas deben pensión en estos municipios.
El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias continúa siendo una problemática relevante en Coahuila. De acuerdo con datos recientes del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), administrado por el Poder Judicial del estado, actualmente 263 personas se encuentran registradas por no cumplir con la manutención de sus hijas e hijos.
Las cifras muestran que Torreón y Monclova concentran la mayor cantidad de casos, lo que refleja un patrón de incumplimiento que ha generado procesos legales en distintos juzgados familiares del estado.
Además, algunos expedientes tienen varios años abiertos, lo que evidencia la dificultad para garantizar que se cumplan las obligaciones establecidas por ley.
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El registro estatal muestra una distribución desigual de los casos dentro del territorio coahuilense. Torreón encabeza la lista con 129 personas inscritas, seguido por Monclova con 71 casos registrados.
En otras regiones del estado también se reportan expedientes activos relacionados con la falta de pago de pensiones alimenticias. En Saltillo se contabilizan 26 deudores, mientras que en el distrito judicial de Río Grande se registran 20 personas con incumplimientos.
Por su parte, Parras acumula siete casos, la Región Carbonífera suma cinco, San Pedro registra tres y Acuña reporta dos. Estas cifras forman parte del padrón actualizado que mantiene el Poder Judicial para dar seguimiento a quienes no han cumplido con esta responsabilidad legal.
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La inclusión en el REDAM se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 308 de la Ley de Familia de Coahuila, el cual define los criterios para considerar a una persona como deudor alimentario moroso.
Según la normativa vigente, una persona puede ser registrada cuando acumula tres incumplimientos consecutivos en un periodo de tres meses, o bien tres omisiones dentro de seis meses cuando se trata de pagos mensuales.
Una vez que se cumplen estas condiciones, el juez familiar correspondiente puede ordenar la inscripción del deudor en el padrón estatal, lo que permite dar seguimiento al caso dentro del sistema judicial.
Uno de los aspectos que llama la atención en el registro es que algunos casos permanecen activos desde 2017, lo que indica que ciertos procesos llevan hasta nueve años sin resolverse completamente.
Esto ocurre debido a diversos factores, como litigios prolongados, falta de cumplimiento voluntario de los deudores o la necesidad de realizar nuevos procedimientos legales para garantizar el pago de la pensión.
Para que un caso sea incorporado formalmente al registro, la persona acreedora, generalmente quien tiene la custodia del menor, debe presentar la denuncia correspondiente ante un juzgado familiar y acreditar el incumplimiento. A partir de ese momento, el Poder Judicial puede iniciar el proceso para registrar al deudor y dar seguimiento al expediente.
El REDAM se ha convertido en una herramienta para visibilizar este problema y fortalecer los mecanismos legales que buscan garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir el apoyo económico necesario para su desarrollo.
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