La Secretaría del Trabajo desapareció la junta laboral de Torreón tras detectar un fraude de 1,230 mdp al ISSSTE.
La Junta Especial Número 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que operaba en Torreón, Coahuila, fue eliminada por orden de la Secretaría del Trabajo el 17 de junio de 2024, luego de que se detectara que desde ahí se emitieron seis resoluciones laborales que habrían permitido un fraude por más de mil 230 millones de pesos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El cierre de esa instancia no fue un trámite administrativo cualquiera: fue la consecuencia directa de una investigación que hoy continúa en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y que involucra a 880 exservidores públicos, en su mayoría exintegrantes de la desaparecida Policía Federal y de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Todo comenzó en 2021, cuando ese grupo de exagentes promovió demandas laborales para cobrar la llamada indemnización global, un beneficio equivalente a 45 días del último sueldo básico pensado para trabajadores sin derecho a pensión por jubilación. El problema es que esa prestación fue derogada desde abril de 2007, cuando entró en vigor la Ley del ISSSTE actualmente vigente, y los demandantes ya contaban con Afore.
Esa es una de las preguntas centrales de la investigación. La Junta Especial 42 admitió y resolvió demandas de exservidores públicos que provenían de distintos estados del país, pese a que, de acuerdo con las denuncias, carecía de competencia territorial para hacerlo. A esto se suma que los expedientes se aceptaron sin exigir el salario base de los demandantes, un requisito indispensable para calcular cualquier indemnización.
Una de las querellas presentadas es contundente al respecto: las demandas son "oscuras e irregulares", ya que no se detalla la fecha exacta de ingreso de los trabajadores a su fuente de empleo, lo que impide determinar su antigüedad real.
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Fueron identificados Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, secretario de acuerdos y auxiliar de la junta, respectivamente, como los responsables de dar entrada a las demandas. La resolución de los laudos recayó en el propio Carrillo Ochoa y en Gerardo Alfonso Montellano Valdés, presidente de la Junta Especial 42. El expediente de mayor peso fue un laudo por 950 millones 262 mil pesos a favor de 678 personas, casi el 80 por ciento del monto total en disputa.
Al detectarse las inconsistencias, se suspendió la ejecución y el cobro de los seis laudos antes de que el instituto desembolsara un solo peso. Esa intervención, sumada al cierre posterior de la junta, dejó el terreno preparado para que la FGR asumiera el caso.
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