Coahuila ocupa el 4.º sitio en delitos contra la minería, esto es lo que hay detrás de la revelación de la Camimex.
La industria minera en México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, y Coahuila se encuentra entre las entidades más afectadas.
De acuerdo con datos recientes presentados por la Cámara Minera de México (Camimex), el estado ocupa el cuarto lugar nacional en incidencia delictiva dentro del sector, concentrando el 8% de los casos registrados a nivel país.
Este panorama refleja una problemática que impacta directamente en la operación de las empresas, la seguridad de los trabajadores y la confianza de la inversión en una actividad clave para la economía regional y nacional.
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El informe de Camimex indica que casi la totalidad de las empresas afiliadas (97%) reportó haber sido víctima de al menos un delito durante el último año, lo que evidencia un entorno de alta vulnerabilidad para el sector.
En el ranking nacional, Durango encabeza la lista con el 38% de afectaciones, seguido por Zacatecas con 20% y Guanajuato con 10%, mientras que Coahuila supera a otras entidades con tradición minera como Sonora y Chihuahua, posicionándose como uno de los focos de mayor riesgo.
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La información revela una diversificación de actividades ilícitas que golpean de forma constante a las operaciones mineras.
El delito más frecuente es el robo hormiga, con una incidencia del 83%, seguido por la extorsión, que alcanza el 47%, y el robo de materiales directamente en las minas, con un 40%.
Además, se reportan prácticas como la extracción ilegal de minerales (33%) y el robo de combustible (30%), delitos que generan pérdidas económicas significativas y elevan los riesgos operativos.
Más allá de las cifras, la violencia vinculada a la minería tiene consecuencias humanas graves. Un ejemplo reciente es el caso ocurrido en Concordia, Sinaloa, donde diez trabajadores de la mina Bisla Silver Corp permanecen desaparecidos desde el 23 de febrero.
De acuerdo con denuncias de familiares, los mineros e ingenieros habrían sido privados de la libertad por hombres armados.
Aunque el secuestro representa solo el 3% de los delitos registrados, este tipo de hechos demuestra que su impacto social y humano es profundo, generando temor entre trabajadores y comunidades cercanas a las zonas mineras.
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