Coahuila registra más casos de violencia contra madres: drogas, alcohol y ciclos de agresión preocupan a las autoridades.
La violencia familiar en Coahuila ha encendido las alertas de las autoridades debido al incremento de agresiones cometidas por hijos contra sus propias madres. Durante 2026, la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez ha identificado entre cinco y seis casos graves cada semana, situaciones que en algunos casos han requerido la detención de los presuntos responsables para proteger la integridad de las víctimas.
Katy Salinas Pérez, titular de dicha Fiscalía, explicó que este fenómeno no puede atribuirse a una sola causa, pues detrás de las agresiones existen distintos factores sociales y familiares. Entre los principales detonantes identificados se encuentran el consumo de sustancias ilícitas, la ingesta de bebidas alcohólicas y la reproducción de comportamientos violentos que pueden tener su origen desde las primeras etapas de la vida.
La funcionaria advirtió que uno de los mayores desafíos consiste en romper los ciclos de violencia dentro de los hogares, especialmente cuando las víctimas deciden perdonar a sus agresores o solicitan que sean liberados, aun después de haber sufrido ataques que ponen en peligro su seguridad.
Ante este panorama, las autoridades estatales buscan fortalecer los mecanismos de intervención, mejorar la coordinación con las corporaciones policiales y garantizar que los expedientes avancen ante las instancias judiciales, incluso cuando las víctimas tienen dificultades para mantener una denuncia.
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Las cifras compartidas por Katy Salinas Pérez muestran la dimensión de una problemática que preocupa a las instituciones encargadas de atender la violencia familiar. De acuerdo con la fiscal, durante 2026 se han presentado semanalmente entre cinco y seis situaciones consideradas graves, en las que los presuntos agresores son hijos de las mujeres afectadas.
Estos hechos han requerido la intervención de las autoridades y, en determinados casos, la detención de quienes presuntamente cometieron las agresiones. La intención es impedir que los responsables regresen inmediatamente al domicilio familiar y vuelvan a colocar a sus madres en una situación de peligro.
Sobre las posibles causas, Salinas Pérez señaló que el consumo de drogas y alcohol representa uno de los factores presentes en este tipo de conductas. Sin embargo, también destacó que existe un problema más profundo relacionado con la desintegración del tejido social y la normalización de la violencia.
La fiscal explicó que algunos comportamientos agresivos pueden ser consecuencia de experiencias violentas vividas durante la infancia, las cuales posteriormente se reproducen dentro del entorno familiar. De esta manera, las agresiones contra las madres no necesariamente surgen de un conflicto aislado, sino que pueden formar parte de dinámicas que se han desarrollado durante años.
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Uno de los obstáculos más complicados para las autoridades es la decisión de algunas víctimas de retirar su apoyo a los procedimientos legales o solicitar que sus hijos detenidos puedan regresar a casa.
La titular de la Fiscalía explicó que estas decisiones deben entenderse dentro del contexto emocional y familiar que rodea a las víctimas. El vínculo entre una madre y sus hijos, la esperanza de conseguir una reconciliación y las circunstancias particulares de cada hogar pueden influir para que una mujer busque detener el proceso contra su propio agresor.
Como ejemplo, Salinas Pérez mencionó una situación ocurrida en Torreón, donde los padres de un joven detenido acudieron ante las autoridades para solicitar que no continuara el procedimiento legal.
La funcionaria subrayó que no se debe responsabilizar a las madres por estas decisiones, pues forman parte de dinámicas complejas de violencia familiar. Además, recordó que detrás de la negativa a denunciar o continuar con un proceso pueden existir factores como dependencia económica, temor a represalias, presión de otros integrantes de la familia o la presencia de hijos.
Por ello, la Fiscalía considera necesario mantener una intervención cuidadosa, especialmente cuando existen antecedentes de agresiones graves. En estos escenarios, se busca que los presuntos responsables permanezcan detenidos mientras se determina la vía legal correspondiente y se establecen condiciones que permitan proteger a las mujeres afectadas.
Para enfrentar el aumento de estos casos, las autoridades estatales reforzarán las acciones de investigación y judicialización, además de mejorar la colaboración con las policías municipales y estatales para responder oportunamente ante situaciones de riesgo.
Entre las estrategias anunciadas destaca el fortalecimiento del denominado Protocolo Cero, un mecanismo que permite la intervención institucional incluso cuando la víctima no manifiesta su intención de presentar una denuncia formal.
Con esta medida se pretende evitar que los antecedentes de violencia queden sin seguimiento y que las autoridades puedan actuar para identificar posibles riesgos, documentar las agresiones y establecer medidas de protección cuando sea necesario.
La importancia de este mecanismo radica en que muchas mujeres enfrentan circunstancias que dificultan acudir ante las instituciones, por lo que la falta de una denuncia no necesariamente significa que no exista violencia dentro del hogar.
Salinas Pérez reiteró que ninguna mujer es responsable de las agresiones que recibe y que corresponde a las instituciones generar condiciones para evitar que las víctimas permanezcan expuestas a nuevos ataques.
El incremento de casos registrados durante 2026 representa un desafío para Coahuila, no solamente por la cantidad de agresiones, sino por las dificultades que implica intervenir en conflictos donde existen vínculos familiares estrechos.
La Fiscalía busca que la protección de las madres tenga prioridad y que los procedimientos legales permitan romper los ciclos de violencia antes de que las consecuencias sean todavía más graves.
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