Congreso de Coahuila exige revisar tarifas y servicio en la autopista Saltillo–Monterrey con el fin de evitar aumentos en los precios.
El Congreso del estado encendió el debate sobre el costo del peaje en una de las vías más transitadas del noreste del país.
A través de un punto de acuerdo impulsado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, se solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes revisar el esquema de actualización de tarifas en la autopista Autopista Saltillo-Monterrey, con el objetivo de evitar incrementos que superen la inflación.
La petición surge en medio de inconformidades por parte de usuarios que señalan aumentos constantes en el costo del peaje, así como deficiencias en los servicios que deberían estar garantizados al transitar por esta vía de cuota.
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El llamado del Poder Legislativo se basa en la disparidad entre el crecimiento de las tarifas y el comportamiento de la inflación en México. Desde su apertura en 2009, el costo para automóviles pasó de 39 a 150 pesos en 2026, lo que representa un incremento acumulado cercano al 284 por ciento.
En contraste, la inflación en ese mismo periodo ha sido considerablemente menor, lo que ha generado cuestionamientos sobre la forma en que se aplican los ajustes tarifarios. Para los legisladores, esta diferencia refleja la necesidad de revisar el título de concesión y asegurar que los incrementos sean proporcionales y justificados.
Además, se busca que la autoridad federal garantice que los ajustes no afecten de manera desproporcionada a los usuarios frecuentes, especialmente a quienes utilizan esta vía por motivos laborales o comerciales.
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Más allá del costo, otro punto crítico es la calidad del servicio. Conductores han señalado fallas en la asistencia vial, un servicio que forma parte esencial del pago del peaje.
Entre las quejas más recurrentes se encuentran casos de automovilistas que permanecen varados durante largos periodos sin recibir apoyo, líneas telefónicas que no responden y cambios de turno del personal sin continuidad en la atención. Estas situaciones, aseguran, contradicen las condiciones que deberían ofrecerse en una autopista concesionada.
El Congreso enfatizó que el cobro del peaje debe estar respaldado por servicios eficientes, mantenimiento constante y atención oportuna ante emergencias, lo cual no siempre se cumple según los testimonios ciudadanos.
Al tratarse de una carretera bajo concesión federal, corresponde a la Secretaría de Infraestructura supervisar que se respeten las condiciones establecidas, incluyendo tarifas, mantenimiento y servicios al usuario.
La solicitud del Congreso busca que esta dependencia revise a fondo el modelo de operación de la autopista, verifique el cumplimiento de las obligaciones por parte de la concesionaria y, en su caso, aplique ajustes que beneficien a los usuarios.
También se plantea la necesidad de garantizar el acceso efectivo a servicios como el seguro de viajero, independientemente del método de pago, así como mejorar la transparencia en la fijación de tarifas.
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