Antes de internar a un familiar en un anexo de Coahuila, revisa si cumple la normativa y conoce dónde denunciar golpes, encierros o abusos
Los llamados “anexos” o centros de rehabilitación para personas con consumo problemático de sustancias no pueden operar sin cumplir requisitos sanitarios, administrativos y de atención, ni pueden utilizar golpes, amenazas, aislamiento injustificado o privación de la libertad como parte de un supuesto tratamiento.
En Coahuila, distintos establecimientos han sido intervenidos durante 2026 por presuntas irregularidades. Uno de los casos más recientes ocurrió en Monclova: el 28 de agosto, cuando agentes del Ministerio Público catearon y aseguraron las instalaciones del Grupo Nueva Vida, en la colonia Santa Bárbara, después de que una mujer denunciara lesiones que presuntamente sufrió durante su internamiento. Durante la diligencia fueron localizadas otras 25 personas, quienes fueron entregadas a sus familiares.
Semanas antes, autoridades también clausuraron el centro “Recuperando Familias”, igualmente en Monclova, después de una denuncia ciudadana relacionada con presunto hacinamiento, insalubridad y malos tratos. Las autoridades sanitarias consideraron que las condiciones representaban un riesgo para quienes permanecían en el inmueble.
Estos casos vuelven relevante una pregunta para las familias que buscan ayuda ante un problema de consumo de sustancias: ¿cómo distinguir un establecimiento regulado de uno que opera fuera de las reglas?
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La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) establece que los establecimientos privados que ofrecen tratamiento residencial deben apegarse a la Ley General de Salud y a la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
Una herramienta para verificar un establecimiento es el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidos por la Conasama, cuya actualización más reciente fue publicada el 27 de agosto de 2026.
La dependencia explica que los establecimientos incluidos en este listado han sido evaluados respecto del cumplimiento de requisitos mínimos de la normatividad vigente, el trato ético y el respeto a los derechos humanos. La propia Conasama aclara que aparecer en el directorio no constituye una recomendación comercial del establecimiento.
Antes de ingresar a una persona, las familias pueden solicitar información sobre:
Además, que un sitio se anuncie públicamente como “centro de rehabilitación”, “anexo”, “casa de rescate” o “grupo de recuperación” no significa automáticamente que cumpla los requisitos sanitarios.
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No puede considerarse parte legítima de un tratamiento la utilización de violencia física o psicológica.
La Ley General de Salud establece actualmente que el tratamiento y el internamiento de personas con consumo de sustancias psicoactivas deben realizarse previo consentimiento informado y reconoce a la propia persona el derecho a aceptar o rechazar tratamiento o internamiento.
Por ello, las familias deben desconfiar cuando un establecimiento normaliza prácticas como:
Los antecedentes registrados durante 2026 muestran que estas situaciones sí han provocado intervenciones oficiales.
En abril, autoridades de Torreón clausuraron un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Luis Echeverría después de encontrar presuntos signos de maltrato físico y psicológico entre internos. Dentro del establecimiento había 41 personas y también fueron identificados cuatro menores de edad.
En febrero, otro establecimiento fue clausurado en Matamoros luego de denuncias de mujeres que señalaron presuntos golpes, privación de la libertad, explotación laboral y condiciones insalubres.
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Si existen sospechas sobre condiciones sanitarias o funcionamiento irregular, una de las vías disponibles es la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Coahuila.
La dependencia estatal mantiene disponible un formato digital de denuncia sanitaria en el que pueden proporcionarse los datos del establecimiento, domicilio, actividad, descripción de las irregularidades e incluso evidencia fotográfica.
Cuando existen golpes, lesiones, amenazas, posible privación ilegal de la libertad u otros hechos que pudieran constituir delitos, la denuncia puede realizarse directamente ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
En situaciones de peligro inmediato también puede solicitarse apoyo mediante el 911.
Otra alternativa es la Línea de la Vida, 800-911-2000, servicio nacional especializado en salud mental y consumo de sustancias que, además de orientación, recibe y canaliza quejas relacionadas con incumplimiento de normas o posibles violaciones a los derechos humanos.
Las familias también pueden recurrir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila cuando consideren que alguna autoridad incurrió en actos u omisiones que afectaron los derechos de una persona.
La CDHEC permite presentar quejas en línea y señala que cualquier persona puede denunciar posibles violaciones a derechos humanos, incluso cuando la víctima se encuentre privada de su libertad.
