Según datos del SESNSP, en lo que va del año más de 30 personas han sido víctimas de la privación ilegal de la libertad en Coahuila
Entre enero y agosto de este año, el estado de Coahuila registra más de 20 casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo con los datos recabados por autoridades federales.
Esta tendencia contrasta con lo reportado respecto al delito de secuestro, el cual mantiene un saldo de una denuncia en la entidad durante el presente año dentro del fuero federal.
Aunque a primera vista ambos conceptos parecieran ser un sinónimo o referirse a la misma conducta delictiva, la legislación penal establece una clara distinción entre ellos, la cual radica, esencialmente, en los fines ilícitos adicionales por los cuales se comete el delito.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) consultadas por POSTA Coahuila, con corte al 31 de agosto, en el estado se han iniciado 25 carpetas de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en este año.
Entre enero y agosto, se han iniciado 25 carpetas de investigación en Coahuila por privación ilegal de la libertad . Foto: Canva
Esta cantidad de indagatorias abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) involucra a un total de 31 víctimas, según consta en el apartado de registro de víctimas de la misma dependencia federal.
A pesar de la disponibilidad de estas cifras públicas, el análisis histórico presenta limitaciones, dado que la plataforma del SESNSP no desglosa la serie de datos para este tipo penal específico en la entidad durante el periodo comprendido entre 2015 y 2025.
Salvo esta dificultad, la tendencia observada a lo largo del año revela que el delito se ha mantenido en un promedio de 3.12 casos por mes. Durante seis de los ocho meses evaluados (enero, febrero, abril, mayo, julio y agosto), la incidencia fluctuó cerca o por debajo de dicha media. En contraste, marzo registró el repunte más elevado de este 2026 con siete carpetas de investigación abiertas, seguido por junio, mes que acumuló cinco denuncias.
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Aunque con comúnmente la privación ilegal de la libertad y el secuestro se utilizan como sinónimos en el lenguaje cotidiano, sus tipificaciones penales establecen diferencias sustanciales respecto a la naturaleza del delito al que refieren.
Marzo de 2026 es, hasta ahora, el mes en lo que va del año en el cual se han reportado más casos de privación ilegal de la libertad. Foto: Canva
Por un lado, el secuestro consiste en la retención de una persona mediante el uso de violencia, amenazas u otros factores agravantes, con un fin ilícito específico, como la exigencia de un rescate económico, amenazas, la causación de un daño o la imposición de condiciones a terceros.
En contraste, la privación ilegal de la libertad implica retener a un individuo sin su consentimiento, pero sin que existan esos fines ilícitos adicionales, de modo que, por ejemplo, no se solicita contraprestación económica alguna para liberar a la víctima.
No obstante, en la práctica criminal, este último tipo penal suele vincularse con otros delitos de alto impacto, tales como la trata de personas, el reclutamiento forzado o la desaparición cometida por particulares.
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Respecto al delito de secuestro en Coahuila, entre enero y agosto de este año el SESNSP solo registra un caso en el estado, el cual corresponde a una carpeta de investigación iniciada en el fuero federal. En la jurisdicción del fuero común, hasta el octavo mes no se contabiliza denuncia alguna.
Entre enero y agosto de 2026, Coahuila solo acumula una denuncia de secuestro en el fuero federal. Foto: Canva
El expediente reportado en el fuero federal rompe una racha de casi una década de saldo blanco en este ámbito dentro del territorio coahuilense. La última ocasión en que las autoridades federales atrajeron o registraron indagatorias por secuestro en la entidad fue en 2016, cuando se reportaron dos casos distribuidos entre mayo y agosto de aquel ejercicio.
En este sentido, la legislación mexicana establece que, por regla general, el delito de secuestro es competencia del fuero común y solo de manera excepcional se persigue en la instancia federal.
Es decir, las investigaciones de este tipo corresponden ordinariamente a las fiscalías estatales (en este caso, a la FGE de Coahuila) y únicamente en escenarios específicos, como los vinculados a la delincuencia organizada, pueden ser atraídas por la Fiscalía General de la República (FGR).
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