Bienestar animal en Coahuila: analizan exigir veterinarios en cabalgatas, rodeos y otros eventos.
La protección de los animales que participan en actividades masivas podría contar con nuevas obligaciones en Coahuila. La Secretaría de Desarrollo Rural del estado analiza la posibilidad de que los protocolos de bienestar animal dejen de aplicarse únicamente mediante acuerdos voluntarios y se conviertan en un requisito para determinados eventos en los que participen caballos y otras especies.
Jesús María Montemayor Garza, titular de la dependencia, explicó que la medida surge a partir de la experiencia obtenida con las cabalgatas realizadas en la entidad, particularmente con la implementación de mecanismos de atención y revisión para los ejemplares que participan en estos recorridos.
El planteamiento contempla que actividades como las charreadas y los rodeos también puedan contar con servicios veterinarios y medidas de vigilancia que permitan detectar oportunamente lesiones o problemas de salud.
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La propuesta tiene como antecedente la creación de un protocolo específico para las cabalgatas. De acuerdo con el funcionario, desde meses atrás se planteó la necesidad de establecer medidas más claras para proteger a los animales que forman parte de estas actividades.
Para desarrollar el esquema, la Secretaría de Desarrollo Rural trabajó junto con la Secretaría del Medio Ambiente con el objetivo de establecer procedimientos destinados a preservar la integridad de los ejemplares.
Posteriormente, el protocolo fue presentado a municipios donde se concentran algunas de las cabalgatas con mayor participación. En varios casos se establecieron convenios mediante los cuales autoridades municipales y organizadores asumieron compromisos para aplicar las medidas de protección.
Sin embargo, la dependencia considera que una participación basada únicamente en acuerdos podría evolucionar hacia un esquema con obligaciones establecidas en la legislación estatal.
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La Cabalgata de Sabinas fue uno de los eventos utilizados como referencia para poner en práctica este protocolo, debido a la cantidad de participantes y animales que congrega.
Durante la celebración se instalaron puntos de atención para los caballos y se realizaron revisiones aleatorias con el propósito de identificar posibles heridas o condiciones que pudieran representar un riesgo para los ejemplares.
Entre los aspectos revisados estuvo la existencia de lesiones y la posible presencia de gusano barrenador, una situación que requiere atención debido a las afectaciones que puede ocasionar en los animales.
Montemayor Garza explicó que tanto las autoridades como los organizadores tienen responsabilidades dentro del esquema, especialmente porque algunas cabalgatas no son organizadas directamente por los ayuntamientos, sino por comités creados específicamente para cada celebración.
El funcionario señaló que la experiencia obtenida durante estos eventos permite identificar áreas en las que podría reforzarse la protección animal.
La Secretaría de Desarrollo Rural considera que sería conveniente analizar modificaciones que permitan otorgar carácter obligatorio a determinadas medidas de bienestar animal.
Actualmente, explicó el funcionario, la aplicación del protocolo depende en buena medida de la colaboración entre el Gobierno estatal, los municipios y los comités organizadores. La intención sería estudiar una reforma mediante las áreas relacionadas con medio ambiente o bienestar de los seres sintientes para establecer obligaciones legales en ciertos eventos.
De concretarse, el nuevo esquema podría definir responsabilidades para quienes organizan y desarrollan actividades donde participan animales, incluyendo la disponibilidad de atención veterinaria y mecanismos de revisión.
Por ahora, se trata de una posibilidad que deberá ser analizada por las instancias correspondientes antes de convertirse en una disposición legal. El planteamiento busca aprovechar la experiencia obtenida en las cabalgatas para determinar qué medidas pueden extenderse a otros eventos tradicionales de Coahuila.
La discusión también abre la posibilidad de establecer criterios uniformes para la atención de los animales, de manera que las medidas de protección no dependan únicamente de la voluntad de cada municipio u organizador, sino que puedan contar con un marco regulatorio aplicable a las actividades que determine la legislación estatal.
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