La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez trabaja en coordinación con la Pronnif en Coahuila para garantizar la protección de los menores.
Durante 2025, alrededor de 20 madres de familia fueron procesadas judicialmente por poner en riesgo la integridad y vida de sus hijos, una cifra que engrosa los casos de violencia familiar detectados en la entidad.
La fiscal de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas Pérez, informó que en situaciones donde existe peligro directo, los menores son rescatados del entorno familiar para salvaguardar su bienestar.
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La fiscal explicó que los procesos judiciales iniciados no se basan en conflictos de custodia comunes, sino en casos comprobados de violencia o negligencia grave. Cuando se detecta que la convivencia con alguno de los padres representa un riesgo, la autoridad actúa de inmediato.
“Lo prioritario es la niña o el niño. Cuando hay agresión directa, rescatamos y vamos directo a salvaguardar al menor”, señaló Salinas Pérez.
Uno de los casos más alarmantes fue el de un menor que sufrió quemaduras en las piernas provocadas por ambos padres, situación que derivó en una intervención inmediata de las autoridades y la separación del niño de su entorno familiar.
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La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez trabaja en coordinación con la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para garantizar la protección de los menores, sin importar si el agresor es el padre o la madre.
Aunque un juez puede otorgar custodia o convivencia, estas resoluciones siempre están sujetas al interés superior del niño. Si durante el proceso se identifica peligro, se puede prohibir todo contacto entre el menor y sus progenitores.
La fiscal también reconoció que existen casos en análisis donde padres o madres han denunciado restricciones de convivencia bajo presuntos falsos argumentos, por lo que cada situación se revisa cuidadosamente para evitar injusticias.
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Además de rescatar a menores en riesgo, la Fiscalía ha implementado una estrategia de desarme de agresores. En el último año, mediante cateos y desalojos en domicilios donde se denunciaba violencia contra mujeres y menores, se decomisaron más de 50 armas de fuego utilizadas para amenazar o someter a las víctimas.
“Cuando una mujer o un menor denuncia que hay un arma de fuego usada para amenazar dentro de casa, solicitamos de inmediato un cateo o una medida de protección. Recuperamos las armas y detenemos a quien corresponda”, puntualizó Salinas Pérez.
Esta estrategia, inexistente en años anteriores, busca prevenir tragedias y cortar ciclos de violencia antes de que escalen a consecuencias fatales.
