Coahuila analiza endurecer penas para adolescentes a través del Poder Judicial tras casos de violencia en Saltillo y Torreón.
Los recientes casos de violencia registrados en Saltillo y Torreón reabrieron el debate sobre las sanciones aplicables a adolescentes que cometen delitos graves en Coahuila.
Ante este panorama, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Mery Ayup, anunció que promoverá un análisis del marco jurídico para evaluar si es necesario incrementar las medidas previstas para este sector de la población.
El planteamiento surge después de dos hechos que generaron preocupación: la muerte de una niña de un año en Saltillo, por la que se investiga a su madre, de 17 años, y a su padrastro, de 16, así como el ataque ocurrido en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón, donde dos hermanos de 18 años fueron detenidos por el asesinato de la subdirectora del plantel y las lesiones ocasionadas a otras personas.
Mery Ayup consideró que las sanciones actuales pueden resultar insuficientes frente a la gravedad de determinados delitos. No obstante, reconoció que cualquier modificación deberá contemplar la finalidad del sistema de justicia para adolescentes, cuyo objetivo también es favorecer la reintegración social de quienes cometen ilícitos antes de cumplir la mayoría de edad.
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El magistrado señaló que la legislación vigente establece un máximo de cinco años de internamiento para determinados casos dentro del sistema de justicia para adolescentes. A su juicio, este límite merece una revisión cuando se trata de conductas especialmente graves, como el homicidio doloso.
El funcionario expresó que la discusión debe centrarse en determinar si las medidas actuales corresponden a la gravedad de los hechos y si existen posibilidades de establecer consecuencias más severas sin abandonar los principios de reinserción social.
La propuesta no significa que las sanciones ya hayan sido modificadas. Se trata de impulsar un estudio que permita evaluar las disposiciones legales y analizar posibles cambios en la legislación nacional.
El debate también pone sobre la mesa la diferencia entre los sistemas de justicia aplicables según la edad de las personas señaladas por un delito. Mientras los adolescentes están sujetos a un régimen especializado, quienes tienen 18 años cumplidos son procesados mediante el sistema penal para adultos.
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Uno de los puntos señalados por Mery Ayup es la diferencia entre las consecuencias legales que pueden enfrentar los adolescentes y las personas mayores de edad involucradas en delitos graves.
En el caso de Saltillo, la madre de 17 años y el padrastro de 16 de la niña fallecida se encuentran bajo investigación. De acuerdo con lo expuesto por el magistrado, el sistema de justicia para adolescentes contempla una medida máxima de internamiento de cinco años en los supuestos correspondientes.
En contraste, los dos hermanos detenidos por el ataque en la secundaria de Torreón tienen 18 años, por lo que sus procesos se desarrollan bajo las normas penales para adultos. Según las declaraciones del presidente del Poder Judicial, las penas que podrían enfrentar alcanzarían hasta 60 años de prisión por los delitos que se les imputan.
Esta diferencia es uno de los elementos que el magistrado considera necesario estudiar. Sin embargo, las sanciones concretas dependen de los delitos acreditados, las circunstancias de cada caso y las resoluciones de las autoridades judiciales. Las investigaciones y los procesos deben seguir su curso antes de establecer responsabilidades penales.
Mery Ayup adelantó que llevará la propuesta a una discusión más amplia para analizar posibles modificaciones al marco jurídico nacional. Indicó que el tema ya se ha abordado ante la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), espacio en el que busca promover un estudio de fondo sobre las sanciones para adolescentes.
La intención es examinar si resulta pertinente modificar las disposiciones aplicables a quienes cometen delitos graves antes de cumplir 18 años. El magistrado subrayó que el análisis deberá mantener como parte central la obligación institucional de procurar la reintegración de los jóvenes a la sociedad.
Además de las reformas legales, el funcionario consideró que la prevención debe formar parte de la respuesta ante la violencia. Entre los factores que propuso atender mencionó la convivencia familiar, el ambiente escolar y el consumo de drogas y alcohol.
También destacó la influencia que pueden tener las redes sociales en el entorno de los jóvenes, por lo que planteó que las estrategias preventivas no se concentren únicamente en castigar los delitos una vez que ocurren.
De esta manera, el planteamiento del Poder Judicial de Coahuila abre dos líneas de discusión: revisar las consecuencias legales para adolescentes involucrados en delitos graves y fortalecer las acciones sociales que permitan prevenir hechos violentos. Por ahora, la propuesta se encuentra en una etapa de análisis y no representa una modificación vigente de las penas.
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