La bolsa económica anunciada por el gobierno de Coahuila va dirigida a aquellos centros que ya cumplen con la mayoría de los requisitos, y buscan completar su certificación ante la Conasama.
El Gobierno de Coahuila anunció una estrategia para fortalecer y regular los centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos comúnmente como anexos. Esta medida incluye la creación de una bolsa económica destinada a mejorar las condiciones de estos espacios y avanzar en su certificación.
La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, explicó que tras un censo estatal se identificaron alrededor de 380 centros, pero solo seis cumplen con los requisitos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), lo que evidencia una amplia brecha en materia de regulación.
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La regularización implica que los centros de rehabilitación deberán cumplir con lineamientos sanitarios, legales y de derechos humanos establecidos a nivel nacional. Esto busca garantizar que las personas en tratamiento reciban atención digna, segura y profesional.
Autoridades estatales señalaron que no se trata de cerrar estos espacios, sino de acompañarlos en el proceso para que operen correctamente. “La intención es que las supervisiones sean propositivas”, explicó Salinas Valdés, al referirse a las visitas que se realizarán para detectar áreas de mejora.
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La bolsa económica anunciada por el gobierno estatal estará dirigida principalmente a aquellos centros que ya cumplen con la mayoría de los requisitos, pero que necesitan apoyo para completar su proceso de certificación ante la Conasama.
Además, se busca fortalecer los programas de salud mental y prevención de adicciones, así como mejorar la infraestructura y condiciones de atención en estos espacios.
En paralelo, más de 200 profesionales de la salud, en colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila, están por concluir un diplomado especializado en adicciones, lo que permitirá contar con personal mejor capacitado para atender a pacientes.
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El proceso de supervisión será integral. Participan dependencias como Protección Civil, la Secretaría de Salud, el DIF y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), quienes conforman equipos multidisciplinarios encargados de realizar inspecciones.
Estas revisiones buscan asegurar que los anexos cumplan con protocolos adecuados, tanto en infraestructura como en el trato a los usuarios, priorizando el respeto a los derechos humanos.
