Ciudad Judicial Saltillo; así cambia el acceso a la justicia para el sureste de Coahuila.
Con una inversión superior a los 340 millones de pesos, este martes fue puesta en marcha la Ciudad Judicial de Saltillo, un nuevo complejo que busca transformar la atención a la ciudadanía al concentrar en un solo espacio los servicios de justicia civil, familiar, mercantil y laboral para la región sureste de Coahuila.
La inauguración fue encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, acompañado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades del Congreso local y el alcalde de Saltillo, en el marco previo a la presentación del informe anual del Poder Judicial.
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El complejo cuenta con casi 14 mil metros cuadrados de infraestructura, diseñada para albergar juzgados y oficinas que anteriormente operaban en distintos puntos de la ciudad.
Entre las áreas que ya se encuentran integradas destacan el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría Pública, Mediación, el Órgano de Administración, la Secretaría Técnica, el archivo general y módulos de atención ciudadana, además de espacios para jueces y personal jurisdiccional.
Con esta concentración, se busca reducir traslados, tiempos de espera y costos operativos, beneficiando directamente a usuarios provenientes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.
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De acuerdo con el magistrado presidente, diversas oficinas y juzgados que actualmente funcionan en sedes dispersas dejarán de operar de manera independiente para integrarse al nuevo complejo.
En tanto, el Palacio de Justicia mantendrá las funciones de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina, conservando su papel institucional dentro del sistema judicial estatal.
La construcción de la Ciudad Judicial representó una inversión de 347 millones de pesos, cubierta con recursos propios del Poder Judicial, provenientes del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia y del Fondo de Pensiones.
A la fecha, se ha logrado amortizar cerca de 190 millones, y el resto se cubrirá en un periodo estimado de cinco a seis años, gracias al ahorro que implicará eliminar rentas y gastos derivados de la dispersión de oficinas.
El edificio está preparado con infraestructura tecnológica y eléctrica especializada, y tiene capacidad para albergar a alrededor de 800 trabajadores.
La entrada en operación será paulatina, comenzando con áreas administrativas y extendiéndose gradualmente a los servicios jurisdiccionales. Como complemento, se anunció la habilitación de un estacionamiento frente al complejo, con el fin de facilitar el acceso a usuarios y personal.
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