La restricción está por entrar en vigor, pero docentes aún esperan reglas claras. La diputada Magaly Hernández advierte que faltan sanciones y protocolos para evitar conflictos con los padres de familia.
La cuenta regresiva ya comenzó y las escuelas de Coahuila todavía enfrentan dudas sobre cómo aplicar la restricción de teléfonos celulares en las aulas. A pocos días de que la medida entre en vigor, el próximo 3 de noviembre, los docentes siguen sin tener claridad sobre qué hacer si un alumno se niega a entregar su dispositivo o vuelve a llevarlo después de que se lo retiraron.
La diputada local Magaly Hernández lanzó un llamado a las autoridades educativas para que definan los lineamientos junto con maestras, maestros y directivos, pues advirtió que no basta con prohibir los teléfonos: también es necesario establecer sanciones, procedimientos para resguardar los equipos y mecanismos que protejan al personal docente de posibles represalias.
La legisladora respaldó el decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para promover entornos digitales más seguros para niñas, niños y adolescentes, pero insistió en que su aplicación debe contar con reglas precisas y respaldo institucional.
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Uno de los principales problemas que enfrentan los docentes es qué hacer cuando un estudiante esconde su teléfono o insiste en llevarlo a la escuela pese a las restricciones.
De acuerdo con Hernández, los maestros le han expresado que retirar el dispositivo durante la jornada no garantiza que la conducta cambie. En algunos casos, el celular se devuelve al finalizar las clases y el alumno vuelve a llevarlo al día siguiente, sin que exista una consecuencia claramente establecida.
“Hoy en día, si yo le quito el celular al alumno, yo se lo tengo que entregar a la hora de la salida. Pero al siguiente día, como no hay una sanción, no hay una consecuencia, ellos lo vuelven a hacer”, señaló.
Por ello, la diputada consideró urgente establecer un procedimiento que indique cómo actuar ante el incumplimiento de las reglas y qué medidas podrán aplicarse a los estudiantes.
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La restricción también abre otra preocupación: quién será responsable si un teléfono se pierde o resulta dañado mientras permanece bajo resguardo de la escuela.
Hernández advirtió que, si se establece que los dispositivos deben recogerse al inicio de las clases, las autoridades tendrán que definir cómo se almacenarán y quién responderá ante cualquier incidente.
La legisladora alertó que los maestros podrían quedar expuestos a reclamos de las familias o incluso a procedimientos ante organismos de derechos humanos si retiran un teléfono sin contar con reglas que respalden su actuación.
“Nosotros no podemos dejarle la responsabilidad a los docentes”, sostuvo.
Por eso, insistió en que las autoridades educativas deben emitir un protocolo que brinde certeza al personal y evite que cada plantel tenga que improvisar sus propias medidas.
La legisladora respaldó el decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para promover entornos digitales más seguros para niñas, niños y adolescentes / Foto: Marco Juárez
Mientras algunas escuelas particulares ya cuentan con reglamentos internos sobre el uso de celulares y tabletas, en los planteles públicos la implementación representa mayores dificultades.
La diputada explicó que las instituciones privadas suelen establecer sus reglas desde el inicio del ciclo escolar y obtener la autorización de madres y padres de familia. Incluso, algunas mantienen el uso de tabletas como parte de sus programas académicos.
En las escuelas públicas, en cambio, no existía un reglamento con las mismas características y algunos docentes han comenzado a buscar mecanismos para establecer acuerdos con las familias.
Sin embargo, Hernández señaló que la falta de participación de algunos padres, quienes no acuden a firmar las autorizaciones, también complica la aplicación de las disposiciones.
A su juicio, sin reglas conocidas y consecuencias definidas será difícil garantizar que los estudiantes respeten la restricción de manera constante.
El plazo está por cumplirse. De acuerdo con la diputada, la medida está prevista para entrar en vigor el 3 de noviembre, por lo que pidió a las autoridades acelerar la coordinación con el magisterio.
Hernández aseguró que, hasta donde tiene conocimiento, los docentes con quienes mantiene contacto no habían recibido lineamientos claros sobre las sanciones que deben aplicar. Añadió que algunos supervisores escolares han buscado orientación ante las situaciones que se han presentado al intentar implementar la restricción.
Por ello, pidió que las autoridades no dejen toda la responsabilidad en manos de los maestros y que definan las reglas antes de la entrada en vigor del decreto.
La legisladora también destacó que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales debe incluir prevención, orientación y participación de las familias.
El objetivo, sostuvo, debe ser construir entornos escolares más seguros sin dejar desprotegidos a quienes tienen la responsabilidad de educar.
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